La existencia de un movimiento sindical salvadoreño, desalentado y con una organización precaria para enfrentar lazos de unidad y una acción de lucha clara por la justicia social en el país. Las bases que se establecen para identificar dicho contexto, se presenta en cuanto las acciones por los derechos laborales y sobre todo por las libertades sindicales se mantienen inhibidas por la acción autoritaria y el control socio-jurídico imperantes.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Hay desde tiempo atrás ámbitos de ciudadanía que se ven afectados negativamente por medidas que lesionan directamente la vida y condiciones de las personas trabajadoras, que ven un contexto de control socio jurídico, que no permite manifestarse libremente en aras de la justicia social y de sus derechos de ciudadanía conculcados por diferentes estamentos que se ven cobijados en su impunidad por el estatus jurídico predominante y, que tiene a su base una situación política en pro de estos estamentos que se favorecen en beneficio propio.
Es una situación política que manifiesta una acción de intimidación física, social y psicológica predominante. Este panorama es influyente para manifestar la protesta y demanda de la sociedad en su conjunto. Es un contexto que se ha ido acumulando desde 2019, donde la mínima democracia acumulada de años y épocas, fue dando pasos incipientes y que ha ido cediendo a formas autocráticas y autoritarias de ejercer el poder estatal.
Las organizaciones sindicales se disponen a la conmemoración de esa fecha histórica este uno de mayo, con grandes expectativas y el horizonte de que las demandas planteadas sean escuchadas por los tomadores de decisión—sabemos que la presión de un contexto socio-político y económico, continúa siendo central para mantener la mediatización de los grupos organizados y demandantes por una mejor situación laboral, social y económica en el país.
No obstante, los esfuerzos apuntan a que se van superando las contradicciones de los diferentes grupos laborales manifestantes, que pretenden conmemorar tan importante fecha. Lo importante acá es que las consignas y demandas sindicales son en mucho de carácter laboral, para el caso quién se opondría a que no se violaran las leyes que protegen los derechos laborales tales son: salario mínimo; hay esfuerzos importantes para sostener que el costo de vida está demandando un incremento en general, pero la autoridad encargada ha dejado de funcionar y hacer la discusión responsable y sustentada en propuestas de diferentes sectores laborales y sociales.
Las libertades sindicales de organización, contratación colectiva y huelga, están plenamente conculcadas por razones y acciones que van en detrimento de los derechos de las personas trabajadoras. Hay acciones administrativas y judiciales que se espera que procesen la queja presentada y accionen la ley de conformidad a su tenor, no obstante, la queja y/o demanda se sustenta en situaciones nacionales que hacen presumir acciones dolosas en materia sindical y laboral. Los despidos a nivel del sector público, en mucho llevan en su base la desarticulación de la organización sindical en dicho sector, como ministerios, alcaldías, instituciones autónomas, ministerio público, y sectores jurisdiccionales que se ven presionados por políticas autoritarias de gobierno; los motivos son la facilitación de los presupuestos involucrados para otros fines, la anulación de prestaciones ganadas por el sindicato en dichas instituciones y para dejar en libertad y sin oposición para el abuso y arbitrariedad de las argollas que se han nombrado para el ejercicio y funcionamiento institucional.
La anulación de los contratos colectivos, en el Ministerio del Trabajo; INPEP, ISSS, y en algunas alcaldías, entre otras instituciones. El derecho de organización y de contratación colectiva alcanzados para el sector público no autónomo, se sustentó en la ratificación de los convenios 87, 98 y 151 en el año 2006. Y lo de la consulta tripartita en el C144, que por situaciones anómalas mantiene una queja internacional en contra del país en la OIT, que anula las condiciones para el diálogo social y el tripartismo.
Despidos e intimidaciones en el sector salud y desinformaciones sobre las situaciones en el sistema de salud pública e igual en el sector público de educación, donde los docentes ven violentados sus derechos en la ley del escalafón y otras relaciones laborales.
Y finalmente en el sector privado, donde las relaciones laborales son totalmente inequitativas y los despidos, suspensiones de contrato, deterioro de condiciones laborales, detrimento de prestaciones socio económicas y violación al contenido normativo del Código de Trabajo, es y ha sido una acción dolosa permanente que avala la desprotección legal en materia de derechos laborales y sindicales, sin que el Estado sea garante de tales derechos por la vía administrativa y /o jurisdiccional.
*Sindicalista salvadoreño
