En un informe recientemente hecho público por HRW, se destacó como hasta 1200 menores han sido condenados en el marco del estado de excepción por diversos delitos, los cuales no fueran de acuerdo a esta fuente, debidamente corroborados, correspondiéndose más bien con la admisión de dudosas evidencias proporcionadas por las fuerzas del orden, que a su vez habrían sido indebidamente judicializados por el sistema penal, permeado de elementos partidarios del régimen.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
S eñala además el mismo informe que hasta 3000 menores habrían sido vejados en el marco del estado de excepción por agentes del estado, habiendo sido sometido a condiciones de detención indebidas, torturas y hasta asesinatos, lo cual además es corroborado por otros informes que, por separado, incluso desde las NNUU han también sido hecho públicos.
En este punto detengámonos un instante, y valoremos el que por supuesto el estado debe perseguir y reprimir a todo aquel elemento de entre la ciudadanía que suponga una amenaza para el resto, también menores, sobre lo cual nuestra jurisprudencia ya se pronuncia y establece parámetros, reconociendo por extensión que estos son también víctimas desde su más temprana edad, han crecido en condiciones desventajosas, siendo además en sus propios espacios familiares violentados como expuestos a todo género de violencia, estupro, abandono, desidia y demás vejaciones, por lo que hacen de la violencia su natural respuesta al entorno violento que les rodea, degenerando en el tiempo pues además se suma la herencia de violencia estructural que padecemos.
Dicho esto, y aceptando que somos por principio una sociedad con profundas problemáticas sociales no resueltas de las que el propio estado y por intereses de clase es responsable, negándose sistemáticamente a superarlas, por supuesto que los desvíos conductuales de muchos jóvenes serán graves, incluso criminales, lo que las pandillas demuestran, pero todo esto, debemos subrayarlo, correspondiéndole a causales estructurales sustentadas desde el modelo sociopolítico y económico.
Debemos añadir la inexistencia de políticas dirigidas a anticipar y prevenir conductas indeseables y la consecuente violencia social desde el estado y sus instituciones, adelantando la debida escruta desde las tempranas etapas de vida entre nuestros jóvenes para identificar de entre estos a aquellos que supongan una alerta, lo que se ve agravado con los sucesivos recortes que en materia educativa y social el régimen ha hecho durante su ejercicio.
Tal es la desidia estatal en lo tocante a este tema, que ha llegado a la desfachatez de negar que se practica la tortura contra los detenidos en el marco del estado de excepción, así como el que ha habido asesinados dentro del sistema carcelario, algo más de 400 a la fecha, bajo custodia de agentes del estado, vejados múltiples veces, hasta ser asesinados finalmente.
Por supuesto que hay violencia entre nuestros jóvenes, bullying y demás conductas indeseables, pero son estas espejo de un entorno históricamente violento por lo excluyente, que solo podrá degenerar más y más, por lo que es fundamental que el estado asuma su responsabilidad, y de los pasos correctivos debidos.
*Educador salvadoreño
