La justicia norteamericana encontró a Google culpable de prácticas monopólicas en el mercado de los buscadores. El fallo reabre el debate sobre el poder tecnológico, económico y de lobby que tienen las grandes corporaciones y de la dificultad para que ingresen competidores a sus nichos de mercado.
«Google es un monopolio y actúa de forma de mantener ese monopolio«, concluyó este lunes el juez de distrito de Washington, Amit Mehta, luego de casi un año desde la apertura del caso. Gracias al juicio se supo, por ejemplo, que la empresa pagó 26.300 millones de dólares en 2021 para ser el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos electrónicos; la mayor parte fue a parar a Apple.
De esa manera el juez dictaminó que, tal como parece evidente, la llave para que el buscador sea el más elegido no pasa solo por la calidad del servicio que brinda, sino también porque Google viene instalado como buscador predeterminado en el navegador (Chrome) que es, a su vez, el predeterminado en el sistema operativo Android, el cual administra y ofrece la empresa a los fabricantes de celulares. Para tener el mismo privilegio en el sistema operativo IOs de Apple y otros que no desarrolla pagó cifras millonarias que cierran el camino a los competidores. Según algunos cálculos Google concentra el 91% de las búsquedas globales pese a que en China solo acumula el 1,83%.
Las acciones de la empresa cayeron un 4,6% tras conocerse el fallo. Sin embargo, falta tiempo para ver qué cambiará realmente. Deberá realizarse una nueva audiencia para determinar el monto de la multa a pagar y las medidas para favorecer la competencia que se le exigirán. Seguramente habrá apelaciones y demoras como en otros casos. De cualquier manera en los últimos años demorar las multas no le está resultando tan fácil a las corporaciones que han comenzado a pagar por la presión de la justicia, pero también por el costo en imagen de tantos titulares críticos con multas millonarias. Pese a los números, muchos cuestionan que realmente las multas sean significativas respecto de las ganancias que esas mismas prácticas generan.
Tecnofeudalismo
En una declaración de Kent Walker, presidente Asuntos Globales de la corporación Alphabet (de la que es parte la empresa) aseguró que la decisión «reconoce que Google propone el mejor motor de búsqueda». El argumento tiene sentido: los millones de búsquedas que se realizan cotidianamente enseñan al algoritmo a dar respuestas útiles para los intereses de la empresa y de los usuarios. Es decir que el éxito atrae al éxito. El problema es que al no haber competencia seria, el buscador puede definir sus resultados sin preocuparse tanto por la neutralidad (que de cualquier manera sería imposible para un actor tan poderoso) como por las ganancias que permite prioizar ciertos resultados de servicios propios como YouTube, Drive, Google Maps, etc.
El «efecto de red» es característico de las plataformas: lo mismo pasa en una red social cuando cada usuario nuevo favorece que se sumen sus amigos o cuando una empresa de transporte resulta más usada por lo que se suman más choferes, hay mayor disponibilidad y, por lo tanto, más usuarios, en un círculo virtuoso que tiende a dejar afuera a la competencia. Google asegura que administra el mejor buscador gracias a la dinámica del mercado. Sin embargo, lo que se le cuestiona ahora es que además use herramientas extratecnológicas para asegurarse de que nadie desarrolle un buscador capaz de hacerle sombra.
Las grandes corporaciones tienen en la actualidad tanto poder que especialistas como Yanus Varoufakis hablan de un nuevo tecnofeudalismo en el que las empresas pueden decidir quién accede a qué en su reino: quienes no paguen o acepten sus condiciones quedarán aislados de los potenciales clientes, servicios o, incluso, trámites que hacen al ejercicio de la ciudadanía. Estos nuevos siervos trabajarían el cyberespacio de las plataformas sin controlar los medios de producción o de comercialización en condiciones que se renegocian constantemente por medio de cambios en las condiciones de uso, abonos, comisiones o algoritmos y frente a los que tienen muy bajo poder de negociación.
Si las multas no alcanzan, hay quienes creen que es momento de partir las empresas en distintas unidades. Ante esa amenaza, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, aseguró que si los obligaban a dividirse se pondría en riesgo la competencia por la primacía tecnológica con China, argumento con el que piden menos controles por parte del Estado.
Pese a todo, las autoridades de los países centrales han tomado una mayor conciencia del peligro de permitir a estas empresas seguir creciendo sin controles, aunque no está tan claro cuáles son las armas con las que cuenta para revertirlo. También han surgido esfuerzos para sindicalizar a los trabajadores de plataformas pese a las resistencias empresarias y también movimientos de protesta significativos. En caso de articularse esta presión se podría abrir el camino para una regulación más rigurosa que beneficie a las mayorías.
