La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) dijo que es evidente que no es una prioridad para el actual gobierno en El Salvador restablecer y fortalecer los contrapesos institucionales.
A sí lo expresó Gabriela Mundo, oficial de programa sénior para Centroamérica de la DPLF, al evaluar el proceso de selección en el país de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La entidad valoró que la elección de cinco magistraturas para el máximo tribunal debería centrarse en aumentar la transparencia y la participación-
En un artículo en la pagina web de la institución, Mundo sostuvo que la elección de magistrados de la CSJ debería estar centrada en aumentar la transparencia y la participación ciudadana, pero, remarcó, es evidente que no es una prioridad para el actual gobierno” restablecer y fortalecer “los contrapesos institucionales”.
La limitada participación de la sociedad civil y la ausencia de una elección basada en el mérito pone en evidencia que la Corte Suprema de Justicia será totalmente nombrada por el partido de gobierno.
Las limitaciones y la falta de mecanismos efectivos para incidir en el proceso de selección de magistrados, dijo, contribuyen a una atmósfera de desconfianza. La falta de apertura del proceso no solo afecta su legitimidad, sino que también debilita los mecanismos de rendición de cuentas, planteó Mundo.
Se espera que luego de concluidas las entrevistas a los 30 candidatos para escoger a siete magistrados, la asamblea Legislativa emita un dictamen y vote por la integración del alto tribunal. (PL)
