Organizaciones de sociedad civil presentan informes alternativos sobre DESC enviados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
E l Salvador está a las puertas de su cuarta evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución 60/251, que le dio vida al mismo en el 2006. El EPU busca examinar periódicamente la situación de derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU, así como generar un historial sobre la situación derechos humanos en los países.
En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil de El Salvador que trabajan en defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), articuladas en el Colectivo EPU-DESC, presentaron tres informes alternativos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el día 16 de julio de este año, con la finalidad de aportar insumos al examen que se realizará a El Salvador a inicios de 2025.
Entre los temas abordados en los documentos enunciados se encuentra el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, derechos laborales y sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derechos del campesinado, derechos culturales, derecho a la educación, salud y vivienda; al mismo tiempo, las organizaciones enviaron informes con temáticas específicas sobre los impactos de las industrias extractivas en el país, los impactos de la contaminación en el lago de Coatepeque, en Santa Ana y sus repercusiones en la vida de las mujeres.
Se tiene conocimiento que el 1 octubre de este año1 el Estado debió rendir su informe nacional2, constituyéndose como uno de los principales elementos a revisar en la sesión número 48 que se desarrollará en los próximos meses en Ginebra, Suiza, no obstante, se desconoce el contenido del mismo. Asimismo, es importante resaltar que no ha existido espacio de diálogo y discusión entre el Estado y la sociedad civil para la comparación y homologación de la información.
Lo anterior cobra relevancia ante retrocesos y frecuentes vulneraciones a los DESC, que en oportunidades anteriores del Colectivo EPU-DESC ha denunciado, siendo las más recurrentes la profundización del modelo extractivista que compromete el medio ambiente, desalojos de familias, despidos arbitrarios de personas, persecución y criminalización mediante la instrumentalización del sistema de justicia a personas defensoras del territorio, tal como ha ocurrido con los cinco líderes ambientalistas de ADES, Santa Marta, Cabañas, quienes días atrás han enfrentado una vista pública en su contra. En esa línea, en reiteradas oportunidades sindicatos aglutinados en la Mesa Permanente por la Justicia Laboral han denunciado la persecución penal de dirigentes sindicales, e inclusive muertes de sindicalistas en custodia del Estado salvadoreño, producto de detenciones arbitrarias. Asimismo, los informes señalan la ausencia de marcos normativos efectivos para la garantía de los DESC, con énfasis en población en condición de vulnerabilidad.
En ese sentido, las organizaciones del Colectivo EPU-DES solicitan:
● Al Estado salvadoreño, la generación de mecanismos de diálogo para abordar los múltiples retrocesos en materia de derechos humanos que han sido registrados en los tres informes que fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
● A las instancias estatales correspondientes, a tutelar el derecho a la salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, agua. Es necesario el diseño e implementación efectiva de políticas públicas integrales que permitan a la población el pleno goce de sus derechos.
● A la Comisión Nacional Derechos Humanos y Libertad de Expresión, a investigar de manera diligente vulneraciones a derechos humanos y conflictividades ambientales registradas en los informes; así como los procesos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos.
● Al Ministerio Público, a investigar de manera diligente violaciones a derechos humanos, para deducir responsabilidades y resarcir daños a familiares de personas que han sufrido procesos criminalizantes a causa de su labor como personas defensoras de derechos humanos.
● A la comunidad internacional, a estar alerta de la información registrada por organizaciones de derechos humanos y organismos no gubernamentales.
San Salvador, El Salvador. 16 de octubre de 2024.
