El Gobierno venezolano ha pedido a Costa Rica que haga cumplir la Convención de Relaciones Diplomáticas para garantizar el funcionamiento y seguridad del personal e instalaciones.
El canciller venezolano Jorge Arreaza informó que «un grupo de desconocidos» entró «cual ladrones», la madrugada de este miércoles, a la sede de la embajada de Venezuela en Costa Rica.
Arreaza pidió al Gobierno costarricense que hiciera cumplir la Convención de Relaciones Diplomáticas y «garantizara el funcionamiento y seguridad» del personal dentro de la sede diplomática.
Según nota de CRHoy, «fueron cesados de sus funciones» los representantes del Gobierno venezolano, que se mantenían en la sede diplomática, ubicada en el sector Los Yoses, en San José, capital de Costa Rica.
El presidente del país centroamericano, Carlos Alvarado Quesada, reconoció al diputado venezolano como «presidente interino», el pasado 23 de enero, el mismo día de su autoproclamación.
«Denuncio la toma de la embajada»
Antes de las declaraciones del canciller venezolano, Eduardo Medina Guevara, empleado local de la sede diplomática venezolana, denunció a través de un audio la toma de la embajada. «Confirmo el atropello realizado contra la misión diplomática de Costa Rica por parte del autoproclamado Guaidó y su gente».
Manifestó que las autoridades de ese país centroamericano no brindaron apoyo policial de custodia ni a la sede diplomática ni a la residencia del embajador, que queda en frente. «Vamos a procurar cuidar nosotros, como ciudadanos costarricenses, la residencia oficial para que no sea tomada. Hago responsable al Gobierno de Costa Rica».
¿Qué ocurrirá?
El internacionalista Luis Quintana considera esta acción como un «acto hostil y de fuerza» que atenta contra la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas. «Las embajadas son inviolables, gozan de inmunidad», según los tratados internacionales y las leyes nacionales.
El experto considera que el Estado costarricense, de una manera pasiva, permitió que ingresaran a la embajada personas ajenas a ella «con intenciones de usurpar las funciones de los diplomáticos legítimos venezolanos».
Explica que el Gobierno venezolano le corresponde protestar públicamente, resguardar la integridad de los funcionarios venezolanos, procurar que no se ocupe el recinto de la residencia del embajador y llamar al respeto al derecho internacional.
Según considera Quintana, esta situación inédita, podría ocurrir en otros países. «Lo que posiblemente haga el Gobierno Costa Rica, según su posición, es expulsar a los funcionarios venezolanos que estaban cumpliendo sus funciones diplomáticas en representación del Gobierno bolivariano».