En el contexto de la conmemoración de los 28 años de la masacre de la UCA, ejecutada el 16 de noviembre de 1989, por el batallón Atlacatl, fuerza élite del ejército salvadoreño, entrenada y financiada por los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de dicho país, avaló la extradición hacia España, del coronel Inocente Orlando Montano Morales, Viceministro de Defensa de El Salvador en esa época, por considerar que existen suficientes elementos para que dicho militar sea juzgado por la justicia española, por ser parte de los autores intelectuales que ordenaron la masacre, entre los que se responsabiliza al ex presidente Alfredo Cristiani y al menos a 17 militares de diverso rango.
La tramitología para que se ejecute la extradición del coronel Montano ha sido completada; todo está listo para que de una cárcel estadounidense, en la que el militar guarda prisión, sea trasladado hacia una cárcel española para que enfrente los cargos por su participación en este crimen en el que ha dominado la impunidad por lo endeble de la justicia salvadoreña.
Para el juez español Eloy Velasco, miembro del Audiencia Nacional Española, tribunal que reclama a los militares acusados de la masacre, los procesos realizados en El Salvador para administrar justicia en este caso, son un fraude de ley, al grado que por el momento y como resultado de la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley de amnistía, únicamente está detenido, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, quien está en la lista de los requeridos por España y ocupaba el cargo de Director de la Escuela Militar, cuando se produjo la masacre.
Frente a la declaratoria de no extraditables que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, de los militares imputados que residen en El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, ha decidido abrir el caso antes de que termine noviembre y comience a ser juzgado en El Salvador y se de seguimiento al informe de la Comisión de la Verdad, quien responsabilizó del crimen al alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador del cual Alfredo Cristiani, presidente del primer gobierno de ARENA, era el Comandante General. A menos que la salud de Inocente Montano, produzca un efecto parecido al del ex presidente Francisco Flores, el juicio en España aclarará detalles sobre la responsabilidad de los otros militares en la planificación y ejecución de la masacre. Además, en opinión del Padre José María Tojeira, director del IDHUCA, en El Salvador, existen suficientes elementos e indicios que señalan como culpables a los militares que reclama España y sean procesados por un tribunal salvadoreño.
Es muy simbólico que a 28 años de la masacre en la UCA, la justicia comience a brillar, se conozca la verdad y la impunidad de este grave delito contra la humanidad sea finalmente erradicada.
