En este marco de difícil comprensión, que aflora a cada instante intereses y acciones que retrasan una manera diferente de hacer política pública, con un pensamiento coherente que trabaje por la clase trabajadora, tome en cuenta el diagnóstico realizado en el 2010, acercó un tanto el diálogo entre los sectores laborales y el gobierno de la República. ¿Qué falló en ese período 2010-2014?
En las mesas instaladas en Casa Presidencial luego de darle taller al diagnóstico levantado, determinó varios temas y sub temas que deberían haber fortalecido las relaciones laborales en el sector público. Uno de los grupos trabajó en reformas a la ley del servicio civil e incorporaba en su hipótesis de trabajo una parte importante que se debería incorporar en la ley las libertades sindicales.
De acuerdo al pasado histórico durante el ejercicio de Calderón Sol, éste por razones de impulsar el consenso de Washington, que implicó un ajuste estructural en el sector público, que trajo como consecuencia la desarticulación de la organización de derecho y de hecho en el sector público, y tuvo como meta la destitución de varios miles de trabajadores, a los cuáles la actual ley del servicio civil, sus comisiones y flamante Tribunal del Servicio Civil, fueron incapaces de evitar el descabezamiento doloso de la administración arenera.
De acuerdo a la base constitucional los servidores públicos art.219 tienen estabilidad laboral, pero en el neoliberalismo imperante la desregulación de los derechos es algo común, y en esa época nefasta para la historia del país ocurrieron una serie de acciones que afectaron seriamente los servicios públicos—el proceso privatizador, tuvo como consecuencia la anulación del sistema de planificación centralizada, los diferentes servicios de proveeduría, previsión social, administración del trabajo y demás, implicaron un deterioro arbitrario y abusivo por y en favor de los intereses dominantes de los sectores oligárquicos.
El grupo laboral encargado no concluyó una propuesta de mejoramiento de los servicios públicos y no se concretó alguna propuesta de reforma a la ley del servicio civil. El problema se agravó en cuanto que a partir de la ratificación de convenios relativos a derechos fundamentales en 2006 –87, 98, 135 y 151—quedó por fuera el C154 que refiere la contratación colectiva en el sector público. Por ello era de mucha trascendencia la adecuación del servicio público a la vigencia de normativa laboral referida a libertades sindicales en los servicios públicos.
En esa oportunidad otros grupos laborales también se apersonaron a denunciar el trabajo que estas mesas de CAPRES estaban produciendo, surgieron las presiones y posibles amenazas a determinado estatus quo alcanzado y se sintieron mucho más fuertes que fueron bloqueando posibilidades de hacer un proceso más participativo y menos conflictivo en los intereses más fundamentales. La experiencia neoliberal del pasado había generado suficientes anticuerpos para pensar que otro gobierno pudiera tener una intención diferente.
Ahora hay de nuevo intenciones para construir una ley del servicio civil, acorde a las circunstancias que se requieren, sin embargo el debate entre la búsqueda y concreción de servicios públicos de bienestar para la gente que los utiliza, pasa por el bienestar de las relaciones laborales, es decir defensa ante la arbitrariedad y malos tratos de quienes dirigen la administración pública; mejorar el ambiente laboral y las condiciones materiales para brindar un mejor servicio público a la gente; participación y vigilancia plena en los usos probos y eficientes de los presupuestos institucionales; una clara idea y visión del tipo o modelo de Estado que queremos que garantice plenamente el desarrollo y bienestar de los servicios públicos para la gente.
Podremos construir algo así, a lo interno del seno legislativo hay iniciativas de ante proyectos al respecto del servicio público, ARENA con su proceso privatizador y debilitamiento institucional redujo la calidad de los servicios, los recursos presupuestarios, se apropió de funciones propias del Estado y las sustituyó por servicios privados que incrementaron sus costos y anularon el acceso a ellos; en fin el servicio público ha sido desnaturalizado con acciones de una supuesta modernización del Estado, lo que está llevando a desconfianzas que amenazan, presionan y generan acciones en detrimento de mejores servicios públicos.
La imposición de líneas en la cooperación—FMI, BID, etc en el manejo de la deuda pública, las acciones de los tomadores de decisión sobre los recursos públicos suficientes para darle respuesta al bienestar de la población excluida y marginada de servicios públicos en pro del bienestar de la gente, está afectando los derechos laborales en el sector público.
*Sindicalista salvadoreño
