La firma de los Acuerdos de Paz para El Salvador hace 26 años abrió una ruta democrática y de empoderamiento ciudadano que no da marcha atrás.
Así lo afirman algunos de los protagonistas de este proceso que dan fe de cómo la población se involucra en la dinámica democrática y cómo se han fortalecido las instituciones creadas a partir de aquel hecho histórico, el cual busca ser refrendado con el llamado del Presidente Salvador Sánchez Cerén a consensuar una segunda generación de acuerdos para el país.
“No podemos seguir hablando de paz, no podemos seguir hablando de acuerdos de segunda generación sin hablar sobre el tema de juventud”, asegura la directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Yeymi Muñoz.
La funcionaria destaca el protagonismo que la juventud está teniendo en el proceso democrático que experimenta El Salvador, cosa imposible antes de la firma de los Acuerdos de Paz.
“La juventud es una población prioritaria que debe estar contemplada en cualquier acuerdo nacional que nos permita enrumbar el país al desarrollo, hacia la consolidación de la democracia, pero sobre todo a resolver esos grandes problemas que enfrentamos”, señala.
Las diferencias entre los escenarios de la democracia antes y después de la firma de los Acuerdos de Paz también la marcan el desarrollo de instituciones regidas bajo el Estado de Derecho. Es el caso de las instituciones encargadas de la seguridad pública, uno de los puntos que mayor debate generó en las negociaciones que llevaron a la suscripción de la paz.
“El surgimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) representan ese enorme paso que la sociedad salvadoreña dio [con la firma de la paz]”, asegura Jaime Martínez, director de la ANSP, una de las instituciones, junto a la PNC, creadas a partir de los acuerdos.
“[Pasamos] de vivir en una sociedad antidemocrática, en una sociedad prácticamente dictatorial, donde los cuerpos policiales de aquel entonces, los llamados cuerpos de seguridad pública, en lugar de ser un protector para la población se habían convertido en los principales ejecutores de la represión contra la sociedad en general”, añade.
“El tema de la Fuerza Armada y seguridad pública fue un debate increíble”, confirma la diputada, Nidia Diaz, quien es una de las firmantes de los acuerdos por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“Los acuerdos sobre derechos humanos, el acuerdo sobre el sistema electoral, el sistema de justicia, fueron muy importantes”, añade.
Aseguró también que los esfuerzos para consolidar la democracia no han dado marcha atrás durante estos 26 años.
“Además de profundizar la democracia en este país hemos luchado por incluir social y económicamente a la gente”, afirmó.
Las reparaciones de los daños causados a víctimas del conflicto armado también confirman que, tras 26 años desde los Acuerdos de Paz, los esfuerzos por resarcir dichos efectos están avanzando.
“Hasta ahora solo el Ejecutivo ha sido capaz de crear una comisión de búsqueda (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado Interno) y ha sido capaz de apoyar esta reparación que demandan las víctimas”, asegura Eduardo García, director ejecutivo de la Asociación Probúsqueda, entidad que se dedica, precisamente, a buscar personas desaparecidas durante aquel episodio bélico.
“Es momento, es la hora de las víctimas, el momento de contemplarlas, es momento de incluirlas en los Acuerdos de Paz, es momento de ver cómo se repara el daño hecho desde lo actores del conflicto armado”, dijo.
En la ceremonia de aniversario, el Presidente Salvador Sánchez Cerén reiteró su respaldo a la propuesta de “Ley de Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno”, entregada a la Asamblea Legislativa en agosto de 2017 por organizaciones sociales”.
Informó además que en el presupuesto 2018 se han incluido fondos para dar cobertura a la pensiones, programas y prestaciones sociales destinadas a los veteranos y lisiados de guerra.
San Salvador, 16 de enero de 2018.
