René Mauricio Mejía
El 8 de enero de 2018, tal como se había anunciado, la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dio a conocer la decisión de prorrogar por última vez, por un período de 18 meses, que vencerán el 9 de septiembre de 2019, la designación de El Salvador al Estatus de Protección Temporal, (TPS), por sus siglas en inglés, fecha en la que dicho estatus quedará cancelado, cumpliéndose con ello una promesa de campaña del ahora Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Sobre esta decisión soberana de Los Estados Unidos, es importante aclarar lo siguiente:
1. El TPS, desde el 2001, cuando fue establecido para favorecer a los damnificados de los terremotos de ese año, siempre fue una situación transitoria, cuya prórroga debía gestionarse año con año, para ampliar sus beneficios.
2. El TPS es una forma de ayuda que los Estados Unidos han brindado a más de 400 mil personas afectadas por desastres naturales o conflictos internos, provenientes de 10 países de diversos continentes, entre los cuales, El Salvador tiene casi el 50% de los beneficiados.
3. Las administraciones republicanas especialmente la de Trump, consideran la presencia de inmigrantes un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, por ello la decisión de cancelar el TPS para todos los países fue una promesa de campaña que ahora ponen en marcha, luego de más de 16 años de vigencia, en los que nuestros compatriotas han contribuido con un desempeño eficaz y eficiente a la economía estadounidense, sin causar problemas y por ello la ex embajadora Mari Carmen Aponte, ha expresado que “quitar el TPS no hace más seguro a Estados Unidos”.
4. La cancelación del TPS para todos los países incluido El Salvador, es parte de la política antiinmigrante de Donald Trump, expresada como candidato y puesta en marcha como Presidente, al margen de las relaciones diplomáticas con los países antes beneficiados y ahora afectados, por lo que no es un castigo con tinte ideológico contra el segundo gobierno del FMLN.
5. La cancelación del TPS no implica que los casi 200 mil salvadoreños inscritos serán deportados de inmediato; la prórroga de 18 meses es un período para que además de reinscribirse como beneficiarios, nuestros compatriotas puedan resolver su situación legal, para quedarse de forma permanente en Estados Unidos o regresar a El Salvador.
6. A nadie le conviene que el problema sea utilizado con fines electorales; lo mejor es que el país, su clase política, presente una iniciativa común y gestione ante el Congreso de los Estados Unidos, una legislación para que la temporalidad de la protección sea superada y nuestros hermanos sean legalizados en reconocimiento a su aporte a la sociedad estadounidense.
7. Como país, de forma unida, debemos darle todo el apoyo legal necesario a nuestros compatriotas, para que los que puedan legalizar su residencia en Estados Unidos lo hagan y lo que no puedan, sean recibidos bajo condiciones favorables que les permita una reinserción social productiva.
8. Lo urgente, necesario, indispensable e inmediato para los beneficiarios del TPS es que se reinscriban para aplicar a la última prórroga y gestionar su futura estabilidad.
El gran desafío para los salvadoreños es fortalecer el rumbo en la construcción de El Salvador seguro, educado y esencialmente productivo que les proporcione a todos, sin ningún tipo de discriminación, una vida digna en nuestro propio territorio.
