René Mauricio Mejía
El Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha sido calificado por amplios sectores del hermano país como “usurpador, ilegal e ilegítimo” al asumir el sábado 27 de enero del 2017, un fraudulento segundo período presidencial, en medio de gases lacrimógenos y en un escenario de total militarización, destinado a sofocar protestas populares a lo largo y ancho del territorio hondureño, que expresaron y aun sostienen un clima de indignación por la consumación de un fraude electoral, que el 26 de noviembre de 2017, le robó la presidencia a Salvador Nasralla propuesto por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.
La toma de posesión fue un acto de fuerza, que fue más de imposición que de posesión, contrario a todo principio y valor democrático, carente de total legitimidad tanto en lo nacional como en lo internacional; en lo nacional más de la mitad de los hondureños están convencidos que el presidente electo es Salvador Nasralla, y en lo internacional, ningún presidente estuvo presente en dicho acto, algo jamás visto en la historia política hondureña, centroamericana y latinoamericana, lo cual dice mucho del aislamiento político con el que comienza el segundo período de Juan Orlando Hernández, que también se considera ilegal, pues un segundo período continuo, no está permitido por la Constitución, violentada en este aspecto por magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Honduras que por ser aliados del mandatario, le sirvieron en bandeja de oro y mucha plata, la reelección presidencial.
Los fraudes electorales y los gobernantes resultantes de los mismos, se constituyen en dictaduras, sostenidas por la militarización del Estado, la represión, la corrupción, compra de voluntades, la violación de los derechos humanos, la ilegalidad y la impunidad; condiciones que los vuelven fuente de alta conflictividad social; así lo demuestra la historia salvadoreña, que sufrió décadas de fraudes electorales y la historia del mismo pueblo hondureño.
Por ese golpe a la democracia, en Honduras está en marcha un proceso de ingobernabilidad y desobediencia civil que no será resuelto por la represión institucionalizada, sino por una amplia movilización de una alianza nacional de las fuerzas democráticas hondureñas, respaldada por una comunidad internacional progresista dispuesta a rechazar la dictadura impuesta por el fraude electoral y poner en marcha un nuevo modelo político y económico de beneficio popular.
En El Salvador un proceso electoral está en marcha, fuerzas de derecha afines al fraudulento Presidente de Honduras alucinan con volver al pasado de fraudes electorales, pero olvidan que la fuerzas revolucionarias con su histórica capacidad de transformación, han dispuesto, conquistado y defenderán con su vida que “fraudes electorales, nunca más en El Salvador”.
