La persecución político-judicial contra el ex dignatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva será denunciada a fines de este mes ante el Parlamento Europeo, según confirmó el senador del Partido de los Trabajadores (PT) Humberto Costa.
El senador viajará a Bruselas el día 26 junto a su par y presidenta nacional de esa organización, Gleisi Hoffmann, y al ex ministro de Relaciones Exteriores, embajador Celso Amorim.
El líder de la oposición en el Senado Federal enfatizó que denunciarán “en todos los foros internacionales posibles” la persecución promovida contra Lula para impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de octubre próximo y la ruptura del orden democrático en Brasil “provocada por un proceso absolutamente viciado”.
En opinión de Costa, la sostenida cacería político-judicial y mediática lanzada contra el fundador del PT es resultado de una trama sórdida urdida por parte significativa del empresariado, especialmente financiero e internacional, y de quienes deberían tener como principal responsabilidad buscar la verdad y asegurarle un juzgamiento justo.
Durante su estancia en Europa, que se prolongará hasta el 2 de marzo, la delegación petista sostendrá encuentros con dirigentes de la Confederación Sindical Internacional y con la Fundación Friedrich Ebert, ligada al Partido Social Demócrata Alemán, anticipó el diario digital Brasil 247.
El 24 de enero pasado, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) ratificó por unanimidad y aumentó a 12 años y un mes de cárcel la condena impuesta por el juez federal Sergio Moro al ex mandatario brasileño por los presuntos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Además, dispuso que el encierro del ex gobernante se consume una vez juzgados los recursos dirigidos a esa corte intermedia.
Los abogados de la defensa del ex mandatario desestimaron la determinación del tribunal de apelaciones de Porto Alegre por considerarla “inconstitucional e ilegal”.
No hubo demostración de un comportamiento funcional específico vinculado a la práctica u omisión de un acto de oficio, sin lo cual no se puede configurar un delito de corrupción pasiva, ni tampoco la entrega de cualquier bien o valor, tornando imposible que exista la práctica del crimen de lavado de dinero, dijeron.
Señalaron además que al ordenar el cumplimiento anticipado de la pena sin agotar todos los recursos procesuales en todas las instancias, el TRF4 contradice la Constitución Federal, el Código de Proceso Penal, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
