El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde junto al Director General de Centros Penales, Marco Tulio Lima, realizaron la inspección del Centro de Salud para privados de libertad en la Penitenciaría Occidental en Santa Ana, el cual albergará a internos con diagnóstico de enfermedades crónicas, terminales y degenerativas. El propósito es tener una infraestructura debidamente equipada para la atención de la población reclusa.
La salud de la población privada de libertad es una preocupación permanente del Sistema Penitenciario, la cual es parte de la política de la Dirección General de Centros Penales y además una obligación del Estado garantizarla.
El objetivo es dar cumplimiento al artículo 80 de la Ley Penitenciaria que mandata instalar centros especiales destinados para la atención y tratamiento de la salud física y mental de los internos.
En este sentido, la institución a través de la Unidad Médica Odontológica, está implementando múltiples estrategias, entre las que destacan: Gestión con instituciones nacionales e internacionales para la adquisición de equipo moderno para un diagnóstico oportuno de enfermedades. Mayor inversión en compra de medicamentos para atacar enfermedades de interés epidemiológico. Diseño e implementación de planes de abordaje a la problemática de salud de una manera integral para curación y recuperación de privados de libertad que lo ameriten.
De igual forma se realizan brigadas médicas y campañas de limpieza permanentemente en los centros penales y se mantiene el plan nacional en contra de la tuberculosis con la Unidad de Tuberculosis del Ministerio de Salud quienes a través de las unidades de salud locales administran los tratamientos.
El Sistema Penitenciario ha invertido en salud de los internos un aproximado de 1, 073,977.29 en medicamentos e insumos, además se cuenta con donación de medicamentos, adquisición de equipo médico de laboratorio, alimentación especial y asignación de uniformes para los enfermos.
Para atender el tema de la salud el Sistema Penitenciario tiene en funcionamiento de 25 clínicas y más de 200 profesionales de la salud.
Asimismo, permanecen abiertos los centros penitenciarios para que organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), autoridades de salud y organizaciones no gubernamentales ONGs, puedan consultar los tratamientos y atenciones que los privados de libertad reciben cumpliendo de esta manera con un sistema penitenciario, más digno humano y rehabilitante.
