El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), Jesuitas por la Paz, es un programa de la Compañía de Jesús –al igual que su Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro– cuyo objetivo específico es incidir a nivel nacional a fin de reducir los altísimos índices de violencia. Para conseguirlo, se plantea trabajar con gobiernos municipales, universidades, organizaciones de civiles y el episcopado mexicano. El jesuita Jorge González Candia, coordinador nacional del programa, expone:
“El programa mismo representa una crítica a las políticas de mano dura y de militarización que, lejos de solucionar el problema de la violencia, lo están agudizando cada vez más; sólo han logrado reproducir los grupos delictivos, aumentar los delitos y saturar las prisiones. Han sido políticas contraproducentes.
“La violencia no se resuelve ni con las armas ni con dinero, porque tiene una naturaleza muy distinta; es en el fondo un problema de fragmentación social de muchas comunidades del país.”
Entrevistado en las oficinas centrales de Jesuitas por la Paz, instaladas temporalmente en el Centro Pro, el religioso precisa: “El objetivo principal de nuestro programa es precisamente rehacer los vínculos comunitarios de las poblaciones afectadas por la violencia, mediante la capacitación de los actores locales en el mejoramiento de su convivencia. Y estamos trabajando únicamente en la base, a nivel municipios.”
–¿El narcotráfico y la guerra contra los cárteles está ocasionando esta fragmentación en las comunidades?
–El problema es todavía más complejo, va más allá de la guerra contra los cárteles. Tiene que ver también con causas estructurales y culturales, como el creciente individualismo que ha venido desplazando al sentido comunitario, o con los referentes de poder que tenemos, ligados al autoritarismo, la corrupción y la imposición. Todo esto desvincula a las comunidades, acentuando la violencia. Nosotros atendemos estas causas.
–Algunos proyectos de Iglesia, encaminados a lograr la paz, le dan énfasis a la reconciliación entre víctimas y victimarios, al diálogo con los grupos delictivos. ¿Los jesuitas están haciendo lo mismo?
–No, ese no es nuestro foco principal, sino rehacer vínculos. En nuestro acompañamiento a las comunidades nunca hacemos la distinción entre quiénes son las víctimas y quienes los victimarios, pues atendemos todo el entorno social; el familiar, el vecinal, etcétera. Esto propicia el diálogo y hace que quien comete un delito lo reconozca, y a su vez que la comunidad lo reintegre a la vida social.
“Todos nos necesitamos, todos somos importantes. Pero claro, se necesita reconocer los daños y a partir de ahí generar un proceso de sanación de la comunidad. Todo esto ayuda tanto a las víctimas como a los victimarios. Así, esta cuestión la abordamos de manera sistémica, creando las condiciones para la reinserción.
“Jesuitas por la Paz es una nueva obra de la Compañía de Jesús, por lo que tiene una figura jurídica, una administración, un financiamiento, una planeación y un objetivo propio. Toda obra de la Compañía tiene un aporte específico a la sociedad.”
El sentido de reconstruir
Otra obra de la Compañía de Jesús es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ya consolidada como instancia defensora de poblaciones vulnerables. Al cuestionarle al coordinador del CIAS Jesuitas por la Paz en qué se distinguen ambas iniciativas, responde:
“El Centro Pro interviene en situaciones de emergencia, en casos emblemáticos de atropello a los derechos humanos, como lo hace con los casos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de las mujeres violadas de Atenco, de los campesinos de Guerrero defensores de los bosques y de algunos casos de migrantes, entre otros. El Pro le da énfasis a lo nacional y a la violencia política.
“En cambio, nosotros nos enfocamos al ámbito municipal y a la violencia más social. Atendemos los epicentros donde se genera la violencia. Estamos haciendo una labor de hormiga, en el subsuelo. Y pese a que trabajamos en distintas dimensiones, el trabajo del Pro y el nuestro se complementan.”
Mientras el Centro Pro surgió hace 30 años, en 1988, el proyecto Jesuitas por la Paz empezó a gestarse en 2010, ante el reto que plantea la escalada de violencia. Cuenta González Candia:
“En 2010, cuando se dio uno de los índices de violencia más altos, la Compañía de Jesús empezó un proceso de reflexión para ver la manera de atender a los afectados. En 2011 instaló una comisión de paz, a la cual me integré. Ahí continuamos debatiendo para ver por dónde caminar. Yo me ofrecí a prepararme en el tema y presentar una propuesta. Y la Compañía aceptó.”
Relata que su preparación le llevó años. Primero viajó a Los Ángeles, California, a “conocer el mundo de las pandillas”. Después estuvo en Cuba, para entender por qué la isla tiene índices tan bajos de violencia. Viajó luego a Chile a realizar estudios en seguridad pública. De ahí pasó a Colombia para estudiar el proceso de pacificación encabezado por la Iglesia. Estuvo después en Honduras, “el país más violento del mundo”, a continuar estudiando programas de pacificación. Se fue luego a El Salvador, donde trabajó con los integrantes de la Mara Salvatrucha y analizó la llamada “tregua entre pandillas” que “logró reducir los índices de homicidios”. En su largo periplo tuvo como asesores a destacados teóricos y activistas en procesos de paz.
Agrega el jesuita: “Fue así como llegué a constatar que las políticas de mano dura en América lo único que han generado es más violencia. A esta misma conclusión llegó un estudio realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que me impresionó muchísimo”.
Cuenta que regresó a México en 2015. Y junto con el también jesuita Gabriel Mendoza, quien regresaba de Francia de estudiar el impacto de la economía global en las pequeñas comunidades, armó el proyecto CIAS Jesuitas por la Paz para aplicarlo en el país. Lo primero que hicieron fue coordinar la investigación de campo titulada Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz, realizada en 14 comunidades mexicanas –campesinas, indígenas, urbanas y semiurbanas– azotadas por la violencia y ubicadas en varios estados.
El libro, de 244 páginas, contiene un resumen de Michael Czerny, consejero del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, el cual señala que la investigación “aporta elementos para comprender las causas estructurales y culturales de la crispación social y, contra todo fatalismo, alumbra propuestas realistas y esperanzadoras”.
Añade el resumen: “Se trata de un programa de reconstrucción de tejidos sociales que tiene como ejes prioritarios la reconciliación familiar, la educación para el buen convivir, el gobierno ciudadano, la ecología integral y la economía social desde el horizonte del bien común”.
González Candia indica que actualmente el libro les está abriendo las puertas para, ahora sí, dejar el mero análisis y pasar al trabajo de reconstrucción de varios tejidos sociales. Comenta:
“El libro nos está ayudando mucho. Es nuestra carta de presentación. La gente de las comunidades lo lee y nos dice: ‘Necesitamos un diagnóstico que nos ayude a entender nuestra situación de violencia’. De manera que, aparte de los del libro, ya hemos hecho 25 diagnósticos más, son una buena herramienta para empezar a trabajar en la reconstrucción.”
La amnistía
Sobre el avance del nuevo programa, González Candia especifica: “Por lo pronto ya abrimos oficinas en siete comunidades: tres están en Michoacán, una en Coahuila, dos en Chiapas y una en Guanajuato. Cada oficina cuenta con un equipo de seis personas. Ahí ya trabajamos en procesos de reconstrucción”.
–¿Planean trabajar en otros estados violentos como Guerrero, Sinaloa o Tamaulipas?
–Más delante. Por el momento ya empezamos a trabajar en Tampico, Tamaulipas, en una metodología llamada Asambleas de Paz, consistente en resolver problemas grupales a través del diálogo y el acuerdo. Ahí nos apoya la organización civil Proyecto Paz.
Detalla la mecánica de trabajo de los equipos de Jesuitas por la Paz: elaboran un primer diagnóstico sobre la situación del tejido social y éste se discute con los actores locales, que generalmente son el alcalde y su cabildo, los directores de escuelas, el párroco o el pastor, y los representantes del sector económico de la comunidad.
Se llega después a un acuerdo de colaboración.
Jesuitas por la Paz proporciona la capacitación y la asesoría para el proyecto. Tiene además un sicólogo para atender a las familias afectadas por la violencia, un educador que realiza el mismo trabajo en las escuelas, un administrador encargado de entenderse con el sector económico, un trabajador social para colaborar con el gobierno municipal, otro más que se encarga de la organización territorial, y finalmente una persona capacitada para trabajar con la parroquia del lugar.
El equipo de Jesuitas por la Paz y los actores locales definen una “estrategia de intervención” en la comunidad, a la que dividen en núcleos territoriales. A través de “animadores barriales” van organizando eventos vecinales para generar poco a poco vínculos comunitarios.
Durante el segundo año de trabajo –continúa González Candia–, Jesuitas por la Paz ya proporciona una “formación más especializada” para el mejoramiento de la convivencia en la familia, la escuela, el trabajo y la práctica política.
Especialistas de la Red de Universidades Jesuitas o de otras universidades imparten a miembros de la comunidad diplomados en reconciliación, terapia familiar, resolución de conflictos, economía solidaria, administración pública y espiritualidad, entre otros.
Comenta González Candia: “Los diplomados se adaptan a las necesidades de cada lugar, y se combinan también con la sabiduría y las prácticas de la comunidad. Es una educación contextualizada. Por ejemplo, hay lugares que requieren un diplomado en tratamiento de adicciones. Nosotros entonces buscamos a un experto de alguna universidad que pueda dar esa capacitación.
“Durante el tercer año de trabajo ya se necesitará reforzar algún área específica o dar una formación más estratégica. Cumplidos esos tres años, nosotros nos salimos de la comunidad, pues ya para entonces la misma comunidad puede continuar sola su proceso, aunque con nuestra asesoría.
“Sin embargo, es tan reciente el programa de Jesuitas por la Paz que todavía en ninguna comunidad hemos durado tres años. Las primeras comunidades donde vamos a concluir nuestro trabajo son Cherán y Tancítaro, en Michoacán. De ahí planeamos pasarnos a comunidades de Veracruz.”
–Generalmente los proyectos de la Compañía de Jesús se apoyan mucho en los laicos. ¿Ocurre lo mismo con este proyecto?
–Sí, por supuesto. Esa es nuestra manera de trabajar. Los laicos y las organizaciones civiles son fundamentales para nosotros. Aquí participan muchos laicos haciendo redes con distintas instancias sociales, gubernamentales y eclesiásticas. Por ejemplo, tenemos convenios de colaboración con el episcopado mexicano y hemos recibido asesorías del episcopado estadunidense.
–Hay, sin embargo, políticas del gobierno federal encaminadas a la militarización que van en sentido contrario al trabajo de ustedes.
–Sí, estamos conscientes de que hay políticas a nivel federal que no nos ayudan. Por eso la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, el Centro Pro y las universidades jesuitas están metidos en el debate sobre cuestiones de seguridad. Nos estamos oponiendo, por ejemplo, a la Ley de Seguridad Interior porque abona el terreno de la militarización del país.
–Y ahora ya se empieza a debatir el tema de la amnistía a las bandas del crimen organizado. ¿Cuál es su postura al respecto?
–Vivimos en una sociedad punitiva cuya primera reacción es no aceptar la amnistía. Hay un enojo social donde la venganza se ve como la opción más viable. Este enojo se está aprovechando ahorita electoralmente. Los partidos políticos calculan que, si apoyan la amnistía, perderán votos ante un electorado que quiere lo punitivo.
“El tema de la amnistía requiere de una previa reflexión social, de un examen de conciencia como nación que debe tener muy en cuenta que muchas veces los victimarios fueron víctimas, que los homicidios violentos son sólo la punta del iceberg de una compleja fractura social y que la corrupción es proporcional a los niveles de violencia. Aquí no hay responsables únicos ni factores únicos.
“Por eso es muy importante el acceso a la verdad y a una justicia transformadora que atienda las causas estructurales de la violencia y, por supuesto, a las víctimas. Para poder llegar al perdón se necesita primero de un acto de contrición y un deseo y compromiso de reparar el daño. Por fortuna, México sigue conservando un sentido comunitario para emprender todos estos procesos. Esa es nuestra gran fortaleza.”
