La diputada Nidia Díaz acusó a la Judicatura de violar la Constitución al dejar fuera a dos aspirantes salidos de elecciones directas, secretas e igualitarias por el gremio de abogados salvadoreños.
La polémica medida indigna a la sociedad salvadoreña, aunque muchos la veían venir, incluídos los propios Zelada y Rivas, que recién exigieron en una carta pública que se respetaran sus derechos constitucionales.
Si bien ningún candidato a la Corte puede tener vínculos partidarios, solo fueron afectados aquellos afines al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), como si los demás fueran apolíticos.
Propuestos por la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, Rivas fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y Zelada presidió durante la Judicatura que ahora lo discrimina.
Por lo pronto, los grupos de poder económico en El Salvador avanzaron en su propósito de tener una Corte Suprema de Justicia a la medida de sus intereses, al deshacerse de dos candidatos potencialmente incómodos.
Rivas denunció a mediados de semana que ningún candidato podía ser excluido mientras sea elegible, pues la la ley mandata que la Judicatura remita el listado completo de candidatos a la Asamblea Legislativa.
A su vez, Zelada denunció una campaña de exclusión contra la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y Democracia, mientras se guarda silencio sobre candidatos de probados nexos con la derecha.
Según Zelada, el proceso es obstaculizado con toda intención para dejar fuera a los candidatos de la mencionada Unidad, así como a abogados que no representan las ideologías e intereses económicos de la oligarquía salvadoreña. (PL)
