La resolución 49/214 de la ONU pretendía visibilizar a los marginados de la modernidad, víctimas de diferentes fases del colonialismo, en particular el cultural, que atenta contra la esencia misma de los pueblos.
También se reconocían los derechos de dichos pueblos, mediante un marco universal de estándares mínimos para la supervivencia, dignidad y bienestar de comunidades como los izalco y los pipil en El Salvador.
Hace apenas cuatro años los pueblos indígenas fueron constitucionalmente reconocidos aquí, y la Ley de Cultura aprobada en 2016 definía políticas para defender su identidad étnica, cosmovisión, valores y espiritualidad.
El artículo 21 de dicha normativa establece que todas las etnias, pueblos y comunidades tienen derecho a la protección de sus bienes y expresiones culturales y artísticas, y a la salvaguarda de sus saberes ancestrales.
Al respecto, el ministerio de Cultura convocó a unas mesas de trabajo para conocer, analizar y hacer propuestas sobre la Política Pública y el Plan Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador.
Dicha estrategia promueve el desarrollo socio-económico y cultural de los pueblos originarios, la gestión estatal y la sostenibilidad medioambiental, para mejorar su calidad de vida, en sintonía con su visión del mundo. (PL)
