Durante el Primer Encuentro Nacional Anticorrupción 2018, realizado en el país los días 28 y 29 de agosto, presidido por los titulares de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Pineda, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, la Procuradora General de la República, Sonia Cortez de Madriz, la Presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas y el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Carlos Ortega, dichos funcionarios emitieron elocuentes declaraciones sobre su compromiso de trabajar en forma coordinada contra el combate a la corrupción y de garantizar los espacios para que sus instituciones logren este objetivo.
Uno de los paneles de este encuentro fue nominado “Retos y perspectivas de la independencia judicial en la lucha contra la corrupción: ideas para la reforma” en el cual el ex magistrado Sídney Blanco, declaró que la Asamblea Legislativa no es el órgano adecuado para elegir funcionarios de segundo grado, no obstante no aclaró quien debería ser el organismo elector. El tema es de mucha actualidad, en tanto la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lleva un considerable atraso, debido a la falta de consenso entre las representaciones partidistas de la Asamblea Legislativa, generado por la intención del bloque legislativo de ARENA, PCN y PDC de imponer los candidatos de su preferencia.
Si la Asamblea Legislativa no es la idónea para elegir a los magistrados, entonces ¿Quién los debe elegir? La respuesta la anticipó el FMLN, en diciembre del 2017, durante la conmemoración del Trigésimo cuarto aniversario de nuestra Constitución, ocasión en la que la Jefa de Fracción del FMLN, licenciada Norma Guevara, propuso que los magistrados y otros funcionarios de elección de segundo grado fueran electos por votación popular, es decir que sea el pueblo quien por medio de voto directo sea quien decida quienes ejercerán dichos cargos. Esta propuesta forma parte de la plataforma legislativa del FMLN, lo cual demanda de una profunda reforma constitucional que además de incluir la consulta popular para reformar la misma Constitución, considera la revocatoria de los mandatos como la forma más democrática y participativa de devolver al pueblo el ejercicio de la soberanía.
Si al pueblo le corresponde elegir a los titulares del ejecutivo y del legislativo, avancemos en democracia y sin temor otorguémosle el derecho y deber de elegir a los titulares del órgano judicial y del ministerio público y de seguro que, de esta forma, no habrá atrasos.
