(Por: Iosu Perales).
Un veterano dirigente de Izquierda Unida de España, Julio Anguita, que fue también secretario general del PCE, respondió de este modo cuando le preguntaron cuál era su programa: “la Constitución”, dijo. En los años ochenta obtuvo muy buenos resultados electorales, a pesar de sufrir una brutal cruzada anticomunista, debido a que su programa caló en mucha gente que de pronto descubrió en la Constitución una fuente de derechos y un arma de combate.
Ahora, en este tiempo de coyuntura electoral en El Salvador, me pregunto si el mejor programa de gobierno no es precisamente cumplir la Constitución de 1983. Me explico. El neoliberalismo y sus representantes políticos no piensan en cumplirla, pues en una dictadura económica de los mercados sería inocente o un sarcasmo creer que vayan a llevar a la práctica lo que promete la carta magna. En el lado contrario, la izquierda defiende que el imperio de la ley deje de ser una farsa y que la Constitución está para cumplirla. En cambio para la derecha la ley está hecha para disciplinar y vigilar a los pobres. En esta dialéctica o toma y daca, nuestra posición es que se cumpla la Constitución que es la expresión del común.
¿Es un disparate utópico pensar y defender que la Constitución ha de cumplirse? Quienes la lean verán en ella pronunciamientos tan hermosos como este: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Esto quiere decir que es obligación del Estado asegurar a la población el goce de la libertad, de la salud y la cultura, el bienestar económico y la justicia social. ¿Quiénes en el país están en contra de esta afirmación? Precisamente la izquierda es quién mejor puede asegurar la seguridad integral de la población y el orden constitucional.
Vivimos en una sociedad donde el neoliberalismo pretende que las grandes decisiones se tomen en espacios sin ley. La ley no está hecha para la gente rica. Un régimen gestionado por quienes venden al país y aceptan que dictados económicos antidemocráticos se nos impongan desde fuera no pueden gestionar la Constitución. Una carta magna que puede y debe ser mejor, pero que entre tanto nos ofrece múltiples oportunidades para una sociedad más justa y más libre.
Amigas y amigos lectores, estamos asistiendo a un vuelco histórico insólito: son ellos, los neoliberales y sus representantes políticos, los que están dispuestos a acabar con las instituciones que sostienen nuestra vida política, ellos son los antisistema de facto, los que se burlan de la Constitución, y hacen del parlamento una trinchera para frenar avances progresistas. No sé si el nihilismo anarquista hubiera llegado tan lejos. El neoliberalismo y quienes forman parte del mismo, para lograr sus mezquinos objetivos están dispuestos a arrasar con el planeta, con los derechos sociales, con la paz, a demoler los logros democráticos que sellamos en los Acuerdos de Paz. La “revolución” de los ricos –una verdadera involución- está dispuesta a acabar con nuestra civilización política y, para ello, acude siempre al juego de convertir la política parlamentaria en una cancha embarrada, judicializándola, por ejemplo.
Por eso la izquierda tenemos una gran oportunidad: podemos defender todo aquello que forma parte del sentido común, es decir de la Constitución de 1983. Quien lea la Constitución difícilmente encontrará fuera de ella formulaciones más atinadas y viables, en el tiempo que vivimos. “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Naturalmente, en nuestro horizonte habrá siempre una constituyente, pero ahora y durante tiempo es la Constitución vigente la que nos brinda la posibilidad de una vida mejor para las mayorías salvadoreñas. Se trata de cumplirla.
Muchas veces la derecha nos acusa de despreciar lo más sagrado como la patria, la religión y la familia. No, es el capitalismo el que ha dejado al pueblo sin patria, sin religión, sin familia. Y lo ha hecho precisamente a través de sus políticas económicas salvajes que extienden la desesperanza, el nihilismo, desestructuran familias que se rompen por la emigración y alimentan la pelea de todos contra todos en un sálvese quien pueda dramático. Es el capitalismo el que ha interferido en la posibilidad humana de dar un salto de progreso. La defensa de la patria de la gente, de la libertad religiosa y de la familia está en la Constitución que es un contrato social y político y en consecuencia un programa imbatible. Lo que sanciona la carta magna no será llevado a cabo, precisamente, por una pandilla que forma parte de los poderes financieros y mafiosos. Ellos airean la Constitución desde la vocación invariable de incumplirla, de doblegarla, de someterla.
Razón tenía Hugo Chávez cuando se presentaba en actos públicos con un librito de pequeño formato: era la Constitución de Venezuela. En ella estaba su fuerza política y moral. Porque se podrá pensar que en un futuro quedará superada por los nuevos tiempos, nuevos problemas, y nuevas correlaciones de fuerzas. Pero, en la etapa actual, lejos de estar superada está vigente por los principios que contiene: lograr una vida mejor, más digna, para toda la población salvadoreña. No, no hace falta inventar paradigmas, las palabras democracia, ciudadanía, derecho y Estado, están explicadas en la Constitución. No regalemos la carta magna a los rivales bajo la premisa de que en nuestro horizonte tendremos algo mejor; justamente, frente a quienes se ríen de la Constitución al valorarla como un florero decorativo, es la izquierda la que tiene todo el espacio para estar en contacto directo con las aspiraciones populares, con la carta magna en la mano, frente a aquellos “sacerdotes” que dicen escuchar la voz totalitaria de los mercados como si fuese la palabra de Dios.
