El portal informativo antilavadodedinero.com, del Instituto de Estudios Profesionales (IPS, por sus siglas en inglés), publicó recientemente que el financiamiento de las campañas políticas se ha transformado en una de las principales causas de corrupción en la mayoría de las democracias.
“Ya es bien conocido que en el entramado del padrinazgo a estos procesos aparecen el narcotráfico, el lavado de dinero, el empleo estatal de manera clientelar e intereses de sectores económicos no siempre productivos, que terminan condicionando las políticas públicas y debilitan la legitimidad del Estado”, afirma en su publicación.
Añade que en este tema, la Organización de Estados Americanos (OEA) encendió las alarmas sobre este tema en 2011, cuando en su informe “Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina” expuso que el aporte de dinero a candidatos por parte del narcotráfico es el mayor riesgo para la democracia en la región.
El peligro, destaca el texto, “es la posibilidad de que el narcotráfico y, en general, el crimen organizado penetren las instancias políticas para comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas”.
El sitio web añade que son numerosos los ejemplos relacionados con esta “perversa relación”, como el caso del Proceso 8.000 en Colombia, donde se abrieron numerosas investigaciones y condenas contra congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales por el ingreso a sus campañas de recursos provenientes del narcotráfico y de grupos ilegales, así como de lavado de activos.
“Y aunque el narcotráfico y el crimen organizado plantean riesgos de particular intensidad para los procesos políticos, estos no son los únicos. De hecho, existen emblemáticas pruebas de esta tesis como el Watergate, que le costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon tras comprobarse que el espionaje a la sede nacional del Partido Demócrata se financió con recursos del fondo para su reelección; o el juicio al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello; o las investigaciones más recientes contra el expresidente francés Nicolás Sarkozy; u Odebrecht, en donde los tentáculos de la firma brasileña llegaron a penetrar campañas a cambio de concesiones una vez terminada la contienda”, publica el medio.
De allí que especialistas como el consultor político e internacionalista de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México José Luis Cruz Guiza, sostengan que “el riesgo latente” en el descontrol del financiamiento político es el involucramiento de recursos de procedencia ilícita por parte de grupos de presión y del crimen organizado.
“Los individuos interesados en aportar económicamente recursos a las campañas políticas tienen como objetivo ganar influencia en las decisiones del gobierno y, en muchos casos, recibir beneficios personales como contratos de obra o adquisiciones de servicios o productos en el futuro. Por otro lado, también existe el desvío de recursos del estado o la utilización de programas sociales para beneficiar a los candidatos de los partidos en el gobierno, lo cual también entra en este campo”, resaltó Cruz Guiza al periódico.
El portal informativo añade que mientras el financiamiento en la política sea más opaco, es mucho más fácil que la corrupción se siembre en esta actividad. Es por ello que en Latinoamérica hay una creciente demanda por transparencia y por una mayor responsabilidad de los partidos y dirigentes políticos, generando una presión en aumento para formar esquemas de patrocinios más transparentes, accesibles a los ciudadanos y mayores niveles de sanción a quienes incumplen estas reglas.
