Reducido por la actual legislación a la categoría de desecho, el bagazo genera ganancias derivadas de la producción de energía y de forraje para ganado, que los propietarios se niegan a compartir con los productores.
Según Carlos Rivera, representante de Asprocaña, este es un pulseo entre seis ingenios, controlados por cuatro grupos económicos, contra siete mil productores de caña en esta nación centroamericana.
Sin embargo, la asociación de ingenios azucareros presidida por Mario Salaverría es más poderosos económica y políticamente, y además financia a los partidos afines a sus intereses, denuncia Asprocaña.
Los productores alegan que están en quiebra técnica, por eso demandan que los ingenios repartan las ganancias del azúcar y la miel final, pero también de la energía generada por biomasa y vendida en unos 50 millones de dólares.
Además, la reforma busca que el Estado se involucre al precisar el peso de la caña, pues existen irregularidades que afectan al productor, pero la derecha parlamentaria se resiste a propiciar esta equidad.
De hecho, grupos empresariales fuertemente vinculados al derechista partido Arena son los principales enemigos de esta propuesta, y ejercen su mayoría en la Asamblea Legislativa para estancarla y eventualmente archivarla.
