Después de la reforma
aprobada por la Asamblea Legislativa, el pasado 28 de sept/2017, según D.L. 787, quedó un sabor amargo de que todo el esfuerzo de la clase trabajadora, había quedado en vano, la disputa ideológica entre el mercantilismo del sistema y el derecho humano a la protección social, no tuvo una opción por la gente, sino para quienes administran el negocio de las pensiones, así como una pretendida falsa opción de que el asunto fiscal se resolvería.
Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente sus pensiones públicas obligatorias. Catorce países se encontraban en América Latina (por orden cronológico: Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador (1996), Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá), otros catorce países de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética (Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, la Federación Rusa, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia, República Checa y Armenia), y dos en África (Nigeria y Ghana). Llevando la contraria a las recomendaciones de la OIT, la mayoría de las privatizaciones fueron apoyadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), USAID y los Bancos Asiáticos e Interamericanos de Desarrollo.
Resulta que en pasado reciente la Superintendencia del Sistema Financiero llamó a integrar el Comité de Riesgos, con una completa y clara política financiera, privó que dicho Comité se integrara por personas ajenas al sector laboral, desligadas y estériles a los intereses de la población cotizante. Tal como los señala la OIT, la reforma de privatizar el sistema de pensiones, dejó fuera a los representantes de las personas trabajadoras-sindicatos.
Hasta el año 2018, dieciocho países habían reformado y revertido total o parcialmente la privatización de las pensiones: la República Bolivariana de Venezuela (2000), el Ecuador (2002), Nicaragua (2005), Bulgaria (2007), Argentina (2008), Eslovaquia (2008). ), Estonia, Letonia y Lituania (2009), el Estado Plurinacional de Bolivia (2009), Hungría (2010), Croacia y Macedonia (2011), Polonia (2011), la Federación de Rusia (2012), Kazajstán (2013), la República Checa (2016) y Rumanía (2017). La gran mayoría de los países revirtieron la privatización después de la crisis financiera mundial de 2007-2008, cuando los inconvenientes del sistema privado se hicieron evidentes y había que corregirlos.
Un sistema de pensiones privatizado, no sería capaz de proteger los fondos de los vaivenes que las crisis financieras provocan, así como tampoco garantizará que los ahorros individuales produzcan una mayor rentabilidad, y ello mejore sustancialmente los montos de pensión- Hay una enorme carga fiscal que la reforma de 1996 no tomó en cuenta, pero al revés cuando se reprivatizó la banca—esta fue traspasada al sector privado, sin ninguna mora y sin pagar ninguna carga de otro tipo, siendo absorbida toda pérdida por el Estado. Con los fondos de pensiones, simplemente se hizo la transacción para liberar la ganancia en pro de los sectores económicos dominantes.
Considerando que un sesenta por ciento (60%) de los países que habían privatizado las pensiones públicas obligatorias han revertido la privatización, y con base en la evidencia acumulada de los negativos impactos sociales y económicos asociados, se puede afirmar que el experimento de privatización ha fracasado. La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de beneficios se deterioraron y se agravaron las desigualdades de género y de los ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo de fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, reduciendo los niveles de beneficios. Los altos costos de la transición -a menudo subestimados- crearon grandes presiones fiscales. Si bien se suponía que la administración por parte del sector privado debía mejorar la gobernanza, por el contrario, la debilitó. Y se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión.
Los aires que soplan están dando un giro de timón importante, y hay de nuevo en el ambiente aspectos que deben integrarse a la agenda sindical, es una presión que debe encausarse en una lucha por rescatar de los errores a quienes decidieron esa reforma, no ha mejorado la situación y de nuevo se vuelve a plantear en la mesa de negociación que el sistema de pensiones debe ser público, en tanto que los mismo grupos económicos que obligaron a privatizar, son los que tienen todo el control, y denota un claro conflicto de intereses. Vamos por cambios esa es la consigna.
*Sindicalista salvadoreño
