No simplemente de la agresión física, que casi enluta al gremio este jueves, quienes acudieron a darle cobertura periodística al incidente fueron amenazados por las autoridades locales, que les impedían el libre ejercicio de su profesión.
De inmediato, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió una investigación que determiné quién disparó contra Segura, quién agredió a Machón y quiénes restringieron el trabajo de Estrada.
‘Exigimos una respuesta al gremio periodístico. Se trató de una explícita vulneración e intento de asesinato contra nuestro colega, que afortunadamente salió ileso’, enfatizó APES en su comunicado.
Rigoberto Chinchilla, presidente de APES, declaró a Prensa Latina que los incidentes en Santa Tecla evidencian la vulnerabilidad del gremio y la incomprensión que aún sufre el ejercicio periodístico en este país.
‘Por eso exhortamos a los diputados que comiencen el estudio del proyecto de ley nacido de múltiples consultas y demandas de nuestros comunicadores, para garantizar la protección del derecho a informar’, aseguró.
La mencionada iniciativa fue presentada el pasado mes al Parlamento, pero corre el riesgo de acabar sepultado entre múltiples proyectos retrasados por la falta de consenso en un órgano legislativo bastante polarizado.
Aún así, Chinchilla es optimista sobre la promulgación de esta ley para amparar a un sector que desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, ha perdido en el cumplimiento de su deber a 17 comunicadores.
Dicha legislación también cubrirá a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores institucionales, y propone protocolos para lidiar con amenazas y agresiones, así como los intentos de secuestrar los medios de trabajo.
Chinchilla afirmó que los diferentes partidos reconocen la contribución del periodismo al fortalecimiento de la democracia en El Salvador, pero muchos ejercen en condiciones de riesgos y con bajos salarios.
Además, en los últimos meses fueron denunciadas una serie de violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, amenazas verbales a periodistas y más de 150 despidos injustificados. (PL)
