El texto hace mención a la aplicación extraterritorial de la llamada Ley Helms-Burton, la cual contempla la internacionalización del bloqueo y la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación e inversión extranjera en la Mayor de las Antillas.
El pasado 1 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció nuevamente en contra de esta política cruel de sucesivas administraciones estadounidenses con el propósito expreso de castigar durante casi 60 años a todo un pueblo por su decisión soberana de seguir su propio sistema político y sin condicionamientos externos.
La resolución condenatoria al bloque fue apoyada por 189 países, con solo dos votos en contra, de Estados Unidos e Israel, y ninguna abstención.
Estados Unidos presentó ocho enmiendas diferentes al proyecto, que fueron rechazadas en forma abrumadora.
