(Por: René Mauricio Mejía)
El 05 de noviembre terminó el período para la inscripción de los profesionales del derecho interesados en aplicar al proceso de elección del próximo Fiscal General de la República, funcionario que debe estar electo antes del 05 de enero de 2019, fecha en la que debe iniciar labores el titular que resulte electo.
Al 05 de noviembre, con la inscripción del actual fiscal licenciado Douglas Meléndez, son 33 profesionales los deseosos de ser juramentados en este polémico cargo, de gran relevancia para el país, en tanto es la punta de lanza para la persecución y erradicación del delito; particularmente los delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción institucionalizada, que en buena medida se mezcla con aspectos de la vida política del país.
En la elección del 2015, aplicaron 73 abogados, entre los que estaban 4 abogadas; en la lista actual, la única mujer que se interesó fue la licenciada Sonia Maritza Sales, quien no fue inscrita debido a que llegó después de la hora de cierre del plazo y con la documentación incompleta. Por otra parte casi el 50 por ciento de los aspirantes actuales, también lo hicieron en el proceso de la pasada elección, de tal forma que la convocatoria actual generó interés en menos de 20 aspirantes nuevos, que contrasta con los 73 que aplicaron en el 2015.
La disminución de aspirantes puede tener varias interpretaciones, una de ellas puede ser el hecho que muchos diputados de derecha han adelantado criterio diciendo que apoyan la reelección del actual fiscal; podemos mencionar a Norman Quijano de ARENA; Antonio Almendáriz del PCN; Guillermo Gallegos de GANA y el candidato presidenciable de ARENA, Carlos Calleja, expresó similar apoyo y, a pesar de que los apoyos los dieron a título personal, es obvio que genera una tendencia que deja en desventaja a candidatos que teniendo los meritos y la idoneidad necesaria y suficiente, sólo servirán para llenar un trámite. Esperamos que la Subcomisión Legislativa integrada para evaluar a los candidatos realice un trabajo apropiado y no se limite a justificar la reelección de un funcionario que no ha llenado las expectativas de una población ávida de justicia.
