Los salvadoreños necesitamos un Fiscal que aplique la justicia sin preferencias. Sin temor a quién sea. En resumen, que sea correcto, cuerdo y valiente
(Por: Miguel A. Saavedra)
La nueva batalla política en la Asamblea Legislativa es la elección del Fiscal General. La puja se da entre un nuevo Fiscal o la reelección del actual. Parece que los apoyos para Douglas Meléndez se fortalecen un día y se desvanecen al siguiente. El respaldo a su reelección dentro de las fuerzas de derecha se ha debilitado.
Voces dentro de ARENA, en privado, expresan no apoyarlo para la reelección. El supuesto apoyo ya no es monolítico. La semana pasada la embajadora de Estados Unidos pidió a la Asamblea Legislativa elegir a un “Fiscal valiente”, como desmarcándose de Meléndez luego de las declaraciones de éste de que recibía amenazas. Y tal cual comedia sub-realista, el Ex presidente Mauricio Funes, exiliado en Nicaragua, sugería que el FMLN podría estar negociando con Meléndez apoyarlo a una reelección.
Muchas y variadas voces surgen en el entorno sobre este tema, organizaciones sociales como la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (Asgoju) rechazó la reelección del actual Fiscal General, al considerar que ha buscado favorecer a grupos de poder y al partido ARENA. Para esta organización social: “Uno de los casos es el del expresidente Francisco Flores, acusado de desviar al menos $15 millones de fondos de la cooperación Taiwanesa en 2001, a quien la Cámara Segunda de lo Penal absolvió de responsabilidad civil, debido a que la fiscalía no autenticó un documento de Taiwán que serviría como prueba. Con la decisión de la Cámara, la familia del fallecido exmandatario no deberá devolver lo que presuntamente se apropió.
En entrevistas televisivas voceros de FUSADES, DTJ, FUNDE y el Centro de Estudios Jurídicos, respaldaron la reelección del Fiscal.
Por su parte la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA en un editorial afirmó recientemente que si la justicia no funciona en El Salvador, ello en buena medida se debe a que no se ha elegido a los mejores y más idóneos candidatos para realizar la tarea y para avanzar en el correcto funcionamiento de la justicia, la elección del Fiscal General es clave. La institución que dirige tiene la tarea de “defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley.
Coincidimos en que el Fiscal General, dadas las responsabilidades que debe enfrentar debe ser la persona más idónea, la más preparada, la que haya mostrado mayor independencia de cualquier poder, ya sea fáctico, político, económico o militar.
En este entramado de voces, hay sectores que lo quieren a su medida, de acuerdo a sus características y necesidades para defender sus intereses.
¿Pero qué necesita el pueblo salvadoreño ? En esto todos coinciden, en que debe ser JUSTO, por eso nuestro editorial. Una persona que viva a plenitud los valores de: cordura, justicia y equidad. Los salvadoreños queremos un Fiscal que aplique justicia sin preferencia, que sea correcto y que no le tiemble la mano a la hora de enfrentar a quien sea.
Compartimos lo que dice la UCA en un editorial: “la elección del Fiscal General debe hacerse con todas las garantías. Como ya hemos afirmado, no se trata de cualquier elección. Es una muy importante, y mucho más en un país donde la corrupción y el crimen organizado actúan con tan alto grado de impunidad. Los índices de criminalidad que afectan gravemente la seguridad ciudadana vuelven urgente contar con un buen Fiscal General.
A lo largo de los años, los salvadoreños hemos sido testigos de cómo se ha elegido personas no para que trabajen contra la impunidad, sino para que protejan a grupos y actores en conflicto con la justicia o que actúan al margen de la ley; personas que han llegado al extremo de utilizar la Fiscalía en contra de enemigos políticos o comerciales. La mayor evidencia de ello es el exfiscal Luis Martínez, hoy acusado de una larga lista de delitos.”
En este nuevo episodio político que se libra en estos días, ¿podrá la derecha en la Asamblea Legislativa (aunque fraccionada y dividida) elegir un Fiscal a su medida? ¿Existe alguna posibilidad que se elija un profesional justo?
Injerencia internacional.
El interés en este proceso de elección de Fiscal es tal que hasta organismos internacionales están apareciendo interesados en meter sus narices. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que dará seguimiento al proceso de elección del Fiscal General de El Salvador.
Expertos en derecho internacional sostienen que esta comisión continental tiene mandatos vinculantes u obligatorios para los Estados miembros del organismo, y El Salvador es firmante. La pregunta del millón es: ¿y por qué no lo hacen en Honduras, en Guatemala y en otros países donde hay un claro control del Ejecutivo y grupos económicos?
De acuerdo a las informaciones el Estado salvadoreño fue emplazado por varias organizaciones que cuestionan el procedimiento para seleccionar al titular de la Fiscalía. La audiencia en Washington DC. En esta audiencia estuvieron presentes el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Cemujer, entre varias organizaciones que han pedido la intervención de la CIDH.
Pero olvidan que la elección del Fiscal es una elección de segundo grado y que los diputados por constitución votan de acuerdo a su conciencia o lo que les mande el partido. El nivel de presión e injerencia llega hasta donde llegan los procedimientos no las decisiones. Es válido lo solicitado en el sentido que de ahí es de vital importancia transparentar el proceso de nombramiento del Fiscal General, porque su figura es clave para investigar a las mismas fuerzas del Estado que se encuentren violando derechos fundamentales.
El período del actual fiscal, Douglas Meléndez, concluye el 5 de enero de 2019. Para esa fecha ya debería estar nombrado su sucesor. De lo contrario continuará el Fiscal Adjunto nombrado por Meléndez.
