(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*)
En la última sesión del año celebrada por la Asamblea Legislativa, llamó la atención como el diputado presidente de ésta como quienes le siguieron en turno discursivo, alabaron hasta la saciedad la constitución vigente, de la que destacan sus «virtudes democráticas» favorecedora de la convivencia, garantía para el futuro.
En resumen, como ésta fue supuestamente elaborada por los mejores hombres y mujeres de la República, allá en los inicios de los 80´s.
Por supuesto quienes así la definen son herederos políticos de aquellos personajes, que vaciaron en el texto de la constitución, la más rancia visión de «democracia representativa», que es el modelo democrático que padecemos.
Para comprenderlo cabe realizar una definición del mismo: «Es el tipo de democracia en el que el pueblo delega en los funcionarios electos, su soberanía».
Dicho de otro modo, es el modelo en el que el soberano – el pueblo – escoge entre la oferta partidaria, candidatos y candidatas delfines de sus respectivas dirigencias partidarias, a quienes decidirán los temas trascendentes por él, lo que implica que la ciudadanía simplemente «refrenda», reafirma anticipadamente lo así decidido por los representantes electos en discusiones en las que la ciudadanía carece de vos y voto. Tampoco a pesar de poder asistir puede de ningún modo realizar ninguna aportación desde la condición de ciudadano afectado por tales temas.
Entonces la Constitución no es el dechado que afirman tales representantes, pues para demostrar cuan atrasada se encuentra en relación a una democracia efectiva, carece de las figuras del «Plebiscito» o de la «Constituyente», herramientas que permiten por ley la implicación directa y efectiva del ciudadano en los temas trascendentes de la nación (como lo son el caso de la privatización o no del agua, o la desaparición o no del fracasado modelo privatizado de pensiones para el caso), es decir, carece de los elementales recursos para que la ciudadanía se implique en temas trascendentes, lo que se traduce en el atraso que padecemos como nación, y el rechazo, cada vez más acentuado de la ciudadanía hacia la política en general, a la que asocia con decadencia, corrupción, componendas y atraso.
Por supuesto la conservación del esquema político vigente se corresponde con la conservación de los históricos privilegios de clase a la que responde la política partidaria tradicional, por lo que su superación pasa por desmontar el esquema constitucional vigente que solo acentúa las diferencias de clase, favoreciendo a las élites y en detrimento del soberano.
La ineficacia estatal es producto de estos vicios alimentados partidariamente.
Entonces, la Constitución no es lo afirmado en aquella sesión, pues se corresponde a un contexto histórico distinto al nuestro, en el que no participaron representantes de la totalidad estamentaria social salvadoreña, y sí quienes representaron a las élites, por lo que lo afirmado en aquella plenaria solo se corresponde con el derecho de éstas y no del soberano, lo que impone la urgencia de modernizar el contrato social vigente, volviendo inclusivo al tal, y excluyendo toda suerte de arbitrariedades que ahora, son la norma.
*Educador
