(Por: René Mauricio Mejía)
Por definición, el fraude “es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud” que aplicado al ámbito electoral se define como “la intervención que tiene el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo la votación de los candidatos rivales, o ambas acciones”
Por ejemplo en El Salvador, el relleno de urnas durante las elecciones de 1972 y 1977 simbolizan los fraudes electorales que bajo la dictadura militar soportó el pueblo salvadoreño, que unidos a la represión y persecución política nos llevó a una obligada guerra civil en defensa de los valores de la democracia, que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz, que en estos momentos cumplen 27 años y que entres sus logros, está precisamente la erradicación de los fraudes electorales que impedían una participación libre, pacífica y democrática de todas las corrientes ideológicas de derecha y de izquierda del país.
El sistema electoral instaurado luego de los Acuerdos de Paz y sus posteriores reformas, permitieron una verdadera alternancia en el ejercicio del poder público y otorgaron a los partidos en contienda los instrumentos y procedimientos para vigilar, controlar y defender los resultados de los procesos electorales, de tal manera que las irregularidades presentes normalmente en todo proceso al ser superadas, no son determinantes para modificar la voluntad popular.
Un fraude electoral que cambie radicalmente los resultados de la voluntad popular bajo nuestro sistema electoral es imposible en tanto, los partidos en contienda tienen presencia en todas las etapas del proceso: al instalar y abrir los centros de votación; durante la votación; en el cierre, apertura, conteo y registro de los votos y durante la elaboración y firma del acta de escrutinio, de la cual a cada partido le queda una copia y de las cuales pueden obtener la cantidad de votos que cada fórmula obtuvo y contrastarla con la que publique el Tribunal Supremo Electoral y efectuar los reclamos de ley correspondientes.
Hay que destacar que con mucha anticipación las elecciones son supervisadas por observadores nacionales e internacionales que verifican que éstas se realicen apegadas a la ley y que el día de la votación, la asistencia de los votantes sea voluntaria, pacífica y libre de presiones; condiciones que pueden ser afectadas parcialmente por prácticas ilegales que deben ser superadas por nuestra democracia, como son por ejemplo: las presiones de los grandes empresarios para obligar a sus empleados a votar por un determinado partido o intimidaciones de grupos fácticos para impedir la movilización de la gente o inducir la votación hacia un equis partido, que en todo caso en elecciones presidenciales no determinan un ganador o perdedor.
Por lo anterior, es nuestro criterio que cualquier candidato que hable de un fraude electoral si no gana, únicamente está anticipando su derrota.
