Por: Ricardo Oliva
Una persona desaparecida de manera forzada o involuntaria supone la violación de múltiples derechos humanos, y que en el contexto actual del accionar del crimen organizado transnacional se puede considerar un crimen de lesa humanidad. Esta es la cruel realidad en El Salvador.
Las personas desaparecidas por la delincuencia son inicialmente privadas de su libertad, y la ruta más lógica es que son trasladadas a otra zona o municipio para recibir cualquier tipo de violencia y torturas previo a su asesinato y finalizan siendo enterradas en cualquier parte del territorio nacional o con un poco de suerte son utilizadas en cualquier modalidad de trata de personas.
Esta semana se refirió al tema en una entrevista radial Fátima Ortiz, Directora la Oficina de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La profesional enfatizó en que La Asamblea Legislativa debe priorizar este tipo de temas.
La trata se da en diferentes modalidades la explotación sexual es una, toda búsqueda de prevenir será bienvenida, pero sobre todo si viene desde lo macro de la clase política de El Salvador, apuntó la funcionaria.
Agregó que: “para nosotros es importante la descentralización de los servicios, por ello requiere el trabajo de los compañeros en los territorios, porque desde San Salvador es bien difícil movilizar este tipo de recursos”.
Según Ortiz, la trata de personas tiene una modalidad de utilización de niños y niñas, el crimen organizado tiene diferentes modalidades: matrimonio forzado, explotación sexual, es necesario que la misma sociedad alce su voz.
En relación a las desapariciones dijo que desde el año pasado se ha roto el mito de esperar las 72 horas y se ha reducido a 24 horas asumiendo un protocolo de atención a personas desaparecidas donde está el ministerio de justicia y la policía.
El protocolo rompe una práctica en cuanto a las horas de desaparecido, ejemplificó el caso de la familia del entrenador de Sonsonate es importante, pues activó de forma rápida dicho protocolo donde la Policía y Fiscalía, intervinieron de manera pronta.
Por otra parte esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó a dos guatemaltecos acusados del delito de trata de personas en la ciudad de San Miguel.
Los detenidos sometían al trabajo forzado en perjuicio de 12 menores y 30 adultos quienes eran obligados a realizar jornadas extensas de trabajo y les exigían vender más de 50 dólares diarias de piña.
