La más reciente de las resoluciones de la Cámara 1ª de lo Penal de la Sección del Centro, está referida al mal llamado “caso corruptela” con el que el entonces fiscal Douglas Meléndez demostró los extremos a los que puede llegar un mal funcionario.
No hay que buscar tanto para relacionar dicho caso con las arbitrariedades e ilegalidades mediante las cuales Meléndez encarceló al empresario salvadoreño Enrique Rais así como al ex fiscal Luis Antonio Martínez. Debido a la falta de prueba contundente contra los imputados y sabedor de que los plazos procesales para definir la situación jurídica de ambos estaban por vencer, Meléndez echó mano al único recurso que su inteligencia le permitió en este caso: inventar procesos “trampa” para mantener procesado a Rais y en la cárcel al exfiscal Martínez.
En el caso de Martínez, a días para que obtuviera su libertad por falta de pruebas, la fiscalía recurrió al expediente del padre toño para que este viajara desde España y para que se trasladara del aeropuerto a la sede central de la FGR, donde firmó una denuncia penal por supuesta divulgación de información reservada, evitando así cualquier posibilidad de que el exfuncionario obtuviera su ansiada libertad.
La jueza 4ª de Paz de San Salvador, que conoció las diligencias iniciales del caso “corruptela” hizo lo que todo juez haría: ordenó detenciones provisionales, dictó medidas precautorias y en algunos casos resolvió que los imputados fueran procesados sin ningún tipo de medidas sustitutivas. En cada uno de los casos razonó las cuestiones personales en un aparente apego al Derecho y al Debido Proceso.
Los magistrados de la mencionada Cámara, entraron a conocer en alzada el caso “corruptela” debido a la inconformidad del exfiscal Meléndez con la resolución de la jueza quien no vio la necesidad de refundir en la cárcel a personas que gozamos del derecho a la presunción de inocencia.
A pesar de los débiles argumentos con que un juez, preseleccionado por el fiscal Meléndez, dictara autos de sobreseimiento contra nueve fiscales y dos técnicos a los que se vio obligado a denunciar, y de que haya comenzado a brillar la luz de la verdad con la confesión de otros cuatro fiscales que bajo juramento de ley, declararon ante la Procuraduría de Derechos Humanos haber sido instrumentalizados y amenazados para declarar falsamente contra Rais, Martínez y otros treinta imputados en el caso “corruptela”, la Cámara 1ª de lo Penal de la Sección del Centro, decidió revocar la decisión de la jueza 4ª de Paz ordenando que se dicten medidas sustitutivas en unos casos y en otros fijando fianzas que van desde los 25 hasta los 100 mil dólares. Tal dureza no hubiera sido concebida ni por el mismo fiscal Meléndez.
Estas sumas impuestas contrastan, en gran manera, con las cauciones económicas que recientemente les otorgaron a dos de los principales implicados en el caso del desvío de los fondos de Taiwán, donde se investiga el paradero de al menos de $10 millones donados durante el gobierno del fallecido gobernante Francisco Flores.
