(Por: José Noé Torres Hernández)
En un país donde se respetan los derechos humanos, su marco jurídico y que, las políticas del Estado estén orientadas a la consecución de la justicia social y el bien común y además, que existan sindicatos como factor indispensable, que hayan interiorizado y practicado los valores humanos entre ellos la verdad; es decir; la existencia del sindicalismo consecuente que haga suyo el papel histórico de cambiar la sociedad por otra mejor, es extraordinariamente posible.
Y esa podría ser la idea que prevaleció en el nacimiento de los sistemas previsionales del ISSS e INPEP anunciados y aprobados con fiestas y derroche de serpentinas y confetis, ya que; dado que en ese tiempo no existía en la clase dominante un afán de lucro desenfrenado, licencioso e inmoral, fueron sistemas que beneficiaron medianamente a los trabajadores en general, o sea a la clase generadora de las riquezas de los pueblos.
Los dueños o los instrumentos defensores de las ilegales AFPs, siempre han sostenido que los sistemas de repartos o públicos solidarios, no tienen viabilidad en este país porque ofrecen pensiones miserables –expresan-.
Tienen razón de pensar así, ya que están acostumbrados a atacar todo aquello que beneficie al pueblo, a irrespetar el marco jurídico, los derechos humanos de las personas y lo hacen con bastante poder, ya que; cuentan con los irresponsables apoyos de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los conocidos poderosos, perversos y mentirosos, medios de comunicación masiva.
Aquellos sistemas aprobados en medio de confetis y fiestas fueron buenos, aceptablemente buenos; pero… nacieron en medio de una sociedad contaminada de corrupción, recordemos los robos millonarios en el ISSS, el no pago o deuda millonaria de los empresarios a este instituto, las compras de medicinas vencidas, etcétera y en esa misma dirección fueron procediendo con el INPEP, ya que también muchos millones de las cotizaciones que recibía este Instituto –afirman muchos- los trasladaron a manos particulares o a partidos políticos. Dicen también otras personas que un Presidente Director de INPEP realizó una inversión en instituciones financieras ilegales, FINSEPRO-INSEPRO, que nunca recuperó el Instituto.
El INPEP, nació con aparente democracia interna así lo estableció su ley de creación la cual norma, que en la administración y supervisión del INPEP participarían, gremios, asociaciones de trabajadores, de ex empleados públicos, asociaciones de personal administrativo público, sin embargo; esa frondosidad en teoría fue anulada en la elaboración de los reglamentos de elección y selección de los organismos administrativos del Instituto, en los cuales impuso su mando vertical y en este caso espurio, el Estado.
A pesar de todos esos males que atacaron a los sistemas descritos las pensiones entregadas y a entregar a los trabajadores, fueron y son considerablemente mejores que las mezquinas otorgadas por las AFPs ilegales.
Afirmamos; un Sistema Público y Solidario tiene enormes posibilidades de implementarse en nuestro país pero, es fundamental la voluntad política para que sea una realidad. En ese orden es urgente y necesario que la Presidencia de la República, constituya una Comisión Presidencial con personas con mucho honor y poder de decisión, donde no debe faltar la representación verdadera de los trabajadores dignos, con capacidad sobre el tema y con clara conciencia de que actuarán en beneficio del trabajador.
Esa Comisión de Honorables elaborará la ley que regulará ese sistema, la cual deberá ser aprobada por una honorable Asamblea Legislativa cumpliendo así, con el mandato constitucional que contiene el artículo 50 de la Constitución de la República que expresa: “La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. “Al pago de la seguridad social contribuirán, los patronos, los trabajadores y el Estado”.
La ley a proponer por la Comisión Presidencial debe dejar bastante claro quién será el organismo administrativo, el ejecutivo y supervisor apriori, así mismo; tiene que definir los cotizantes que sostendrán junto a la ganancia de las inversiones, la economía necesaria para el financiamiento de las obligaciones previsionales. Debe establecerse en la norma que la Corte de Cuentas de la República, será la garante de que la gestión administrativa financiera, patrimonial y supervisora apriori, del sistema; sea ejercida en forma transparente, con ética y moral extremas.
Si fuese favorable y si así lo propone la Comisión Presidencial podría crearse el Banco del Sistema Previsional Salvadoreño BSPS, para realizar la gestión económica y financiera. Señores Diputados, no deben soslayar la responsabilidad de cumplir con el artículo 50 de la Constitución de la República y hacer realidad el mandato del artículo 1-. “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común”. La ley prohíbe inventos como las AFPs que acompañados de los ofrecidos sistemas previsionales mixtos, constituyen la vergüenza de una nación y pasteles envenenados para los trabajadores.
