Las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica denunciaron la semana pasada retrasos, omisiones y negligencias en la aplicación de la ley prohibitiva de la explotación minera, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo del año pasado.
Según la Mesa, instancias del Ejecutivo no han cumplido con plazos y mandatos establecidos en dicha Ley. Los incumplimientos tocan directamente a los ministerios de Economía y de Medioambiente, y en forma indirecta a entidades como el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Las organizaciones de la Mesa señalan, por ejemplo, que la referida ley estableció un plazo de un año para que el gobierno (Ministerio de Economía) generara alternativas económicas para las personas que aún sobreviven de la minería artesanal en La Unión; pero que este mandato no ha sido cumplido.
En su denuncia, la Mesa también reclama que (el Ministerio de Medioambiente) no haya realizado acciones de mitigación de daños ambientales en lugares afectados por actividades de exploración y por la explotación minera de antaño. A esto se suma la omisión del Ministerio de Gobernación que no ha proscrito a la “Fundación El Dorado”, organización fachada de la transnacional minera Pacific Rim-Ocena Gold que todavía se mantiene en algunas comunidades de Cabañas. Las empresas mineras debieron ser expulsadas del país cuando se aprobó la ley que prohíbe esta industria extractiva.
Ojalá que la denuncia de la Mesa frente a la Minería sea escuchada por el gobierno y que las instancias correspondientes cumplan con sus tareas respectivas, a fin de que el país cierre ya, de una vez, por todas y para siempre, el nefasto capítulo de la minería metálica.
La denuncia de la Mesa también es oportuna para llamar la atención sobre la necesidad de avanzar en otros temas de la agenda ambiental. En tal sentido, hay que exhortar a la Asamblea que no demore más la Ley General de Agua, retome el debate sobre la prohibición de los agrotóxicos, la propuesta de ley de soberanía alimentaria y otras medidas urgentes de aprobar.
Así como hace un año hubo consenso legislativo para aprobar por unanimidad la ley prohibitiva de la minería, ahora debería generarse la correlación necesaria para aprobar la Ley de Agua y demás propuestas.
Ojalá que la población se movilice y presione para que así sea. La lucha de la Mesa frente a la Minería nos confirma que eso es posible. (ARPAS)
