Las organizaciones de la Alianza contra la Privatización del Agua denunciaron este día un posible “madrugón legislativo” para privatizar el agua.
En este intento privatizador estarían involucrados ARENA, GANA, PCN y PDC, partidos que defienden la propuesta ley de agua presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y rechazan la que proponen las organizaciones sociales, la UCA, la Iglesia Católica y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La diferencia fundamental entre estas dos propuestas es que la primera busca que la empresa privada controle el ente rector de las políticas hídricas y la segunda plantea que éste sea totalmente público. Una tiene el objetivo de asegurar el agua para los negocios y la otra tiene como propósito garantizar el suministro del vital líquido para la población.
Según la Alianza, el lobby y el dinero de la empresa privada, sobre todo cañeros y la industria de bebidas, presionan para que se apruebe pronto la ley de agua a la medida de sus intereses. Y a esto responden las maniobras de diputados de derecha que hoy convocaron a una reunión urgente después de varios meses de no discutir el tema.
La denuncia de la Alianza debería provocar una alerta nacional. Todas las organizaciones y la población en general deberían declararse en emergencia, manifestarse contra el intento privatizador y movilizarse permanentemente hasta lograr una ley que reconozca el agua como derecho, establezca un ente rector de políticas hídricas totalmente publico y que permita la participación comunitaria en la protección de los bienes hídricos.
También deberían levantar la voz contra el madrugón de la derecha, el actual gobierno y el presidente electo. La administración del Presidente Sánchez Cerén ha rechazado la privatización del agua y Nayib Bukele en su “Plan Cuscatlán” también reivindica la gestión pública del vital líquido, por tanto ambos deberían llamar la atención a los partidos privatizadores.
En este espacio editorial rechazamos cualquier intento de privatizar el agua y exigimos la aprobación inmediata de la ley que promueven las organizaciones populares, la UCA, las iglesias y la PDDH.
La lucha contra la privatización del agua es clave porque es esencialmente antineoliberal en tanto que defiende derechos, rechaza la mercantilización de los bienes comunes y reivindica el rol del Estado. (Editorial ARPAS)
