Para Alejandro Díaz abogado de Tutela Legal aunque el caso de Monseñor Romero se reabrió en 2017 tras la derogación de la ley de amnistía, el proceso es lento.
En octubre de 2018 el juez cuarto de instrucción solicitó difusión roja para Álvaro Saravia, uno de los autores materiales, pero aún no hay captura. Tutela Legal cree que la fiscalía debe impulsar una investigación para dar con los autores intelectuales y financistas del asesinato de Romero.
Asegura que la fiscalía tiene pendiente presentar documentación como los archivos de la comisión de la verdad y copia de los documentos del proceso civil que enfrentó Saravia en el juicio en Fresno California, EEUU, que podría dar más información sobre los autores intelectuales. “entre ellos lo del grupo d’Aubuisson donde está Mario Molina, Sagrera y otros”, dijo Díaz.
De momento se trabaja en la ubicación de los testigos, el más importante es Amado Garay, chofer de Saravia. “Sabemos que Amado Garay está en Estados Unidos y se están haciendo esas investigaciones (…) y de otras personas que no se sabe si ya fallecieron, pero se debe pedir la documentación respectiva”, reiteró.
Dijo además, que hay que revisar las investigaciones y documentos que ya existen “como los encontrados el 7 de mayo del 1980 en la finca San Luis donde se recoge documentación que se conoce como la agenda Saravia con el plan para asesinar a Monseñor”.
Alejandro Díaz recuerda que entre las recomendaciones de la comisión de la verdad está que los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad no participen en la vida política.
“Esto lo digo porque a muchos de estos autores todavía se les hace homenaje cuando eso debería quedar fuera. No se quiere que criminales de este tipo se les rinda culto y que estén sus nombres en calles y avenidas. Esto sería un primer paso, sacar a estas personas del ámbito político social”, dijo Díaz.
En todo el proceso de este caso desde los años 80s han desfilado un promedio de 40 testigos, en su mayoría para esclarecer el asesinato, pero pocos para establecer responsabilidad de los autores intelectuales. Algunos testigos claves desaparecieron como es el caso del juez de la causa Atilio Amaya.
Tutela legal ahora pide agilizar el proceso para conocer la verdad pero también para tomar medidas de reparación y no repetición.
