Por: Ricardo Oliva.
En 1998, con el asesoramiento del Bando Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Salvador reformó su sistema público de pensiones y creó el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), basado en cuentas individuales y conducidas por las administradoras privadas de los fondos de pensiones (AFP).
Desde entonces, las tasas de cobertura se han estancado entre el 25 y el 28 por ciento de la fuerza de trabajo una de las más bajas de la región latinoamericana. La proporción de jubilados que reciben pagos mensuales por su retiro es de tan solo el 38 por ciento. Un pago único, que no garantiza seguridad de ingresos en la vejez.
Las tasas de reemplazo entre los que tienen derecho a una pensión también son bajas, y oscilan entre el 39 y el 43 por ciento del último salario del trabajador.
Además, los elevados costos de transición provocaron un empeoramiento del déficit fiscal; en consecuencia, los niveles de deuda pública se han vuelto insostenibles.
Se estima que el 70 por ciento del déficit fiscal se debe a compromisos relacionados con la transición al sistema privado de pensiones. En 2017 como un intento de hacer frente a esta difícil situación, el gobierno reformó el SAP, aumentando las tasas de cotización al sistema privado del 13 al 15 por ciento y canalizando dos puntos porcentuales para financiar un nuevo fondo colectivo llamado Cuenta de Garantía Solidaria, destinado al pago de pensiones mínimas garantizadas y complementarias.
Sin embargo, las transferencias del gobierno siguen siendo indispensables para cubrir todos los gastos de pensiones durante el período de transición, puesto que las reformas de 2017 abordaron los efectos adversos del costo de la transición en las finanzas públicas, dejando de lado aspectos importantes como los bajos índices de cobertura y de beneficios.
Recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentó el informe “La reversión de la privatización de las pensiones”, en la ciudad de México, en el cual detalla que, si bien la privatización de las pensiones se presentó como una solución concreta para abordar el envejecimiento de la población y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, los resultados no han sido los esperados.
Destaca el informe que América Latina fue el laboratorio donde se inició este modelo. Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones, 14 eran de la región, empezó Chile en 1981, México lo hizo en 1997. Y para 2018, 60 por ciento de las naciones revirtieron este sistema.
La privatización de las pensiones trajo como efecto que luego de 30 años, los resultados no fueron los esperados. Por una parte, la tasa de cobertura se estancó o disminuyó. En Argentina, las tasas de cobertura se redujeron en más del 20 por ciento; en México, y Chile se observaron efectos similares y en países como Bolivia y Uruguay, la cobertura se estancó.
Por otra parte, los niveles de beneficios se deterioraron, lo que dio lugar a un aumento de la pobreza en la vejez y en estos 30 años, los altos costos de transición han creado enormes presiones fiscales.
Ante semejantes resultados, un total de 18 países, 13 de Europa Oriental y cinco de América Latina revirtieron las privatizaciones. Con ello, los niveles de beneficios mejoraron, hubo un aumento de tasas de reemplazo y se han introducido pensiones solidarias no contributivas en la mayoría de los países.
Tras la desaparición de las cuentas individuales, el manejo fragmentado fue sustituido por una administración pública centralizada. En algunos casos se creó una nueva entidad encargada de la administración de cuentas individuales, lo que permitió una mayor eficiencia.
Mujeres las mayores afectadas
El informe también hace énfasis en el aumento en la desigualdad de género ya que las mujeres ganan menos que los hombres y cotizan por periodos más cortos porque se les asigna la función de la crianza. Esto hace que las carreras contributivas sean mucho menores, y en un sistema donde la pensión depende del esfuerzo individual, las mayores perdedoras han sido ellas, que han visto reducir sus pensiones fuertemente.
En El Salvador diversas organizaciones sociales y la Iglesia Católica han comenzado a alzar la voz nuevamente para que el gobierno entrante haga una verdadera reforma a las pensiones, que beneficie al trabajador y no a las administradoras de los fondos de pensiones.
Recientemente el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que, «ya es tiempo de solucionar de una vez y de raíz un sistema de pensiones injusto» para los trabajadores y con excelentes ganancias para los dueños de las Administradoras de los Fondos de Pensiones.
El Arzobispo de San Salvador, reclamó al Estado y a los empresarios «se trabajen en un nuevo sistema de pensiones…los trabajadores están condenados a pensiones de hambre y miseria, no es posible, no es posible», exigió el prelado católico.
Insistió que los ahorros de los trabajadores son «fondos que deben ser cuidados y producir ganancias a su favor. No es posible que las AFP paguen pequeñas pensiones y tengan ganancias exorbitantes a costa de los trabajadores y su reparto sea desproporcionado, es injusto», concluyó.
