Los salvadoreños vivimos en medio de graves conflictos sociales que merecen la atención especial de quienes, por su actividad política, tienen el rol de tomar decisiones que en alguna medida pueden contribuir al impulso de soluciones. Algunos de esos problemas son los siguientes:
En el ámbito de la seguridad pública, es evidente que las instituciones del Estado que tienen esta responsabilidad, requieren de mayor presteza en el área de la inteligencia criminalística para prevenir acciones delictivas, en tanto es inconcebible que elementos de la PNC sean víctimas de delincuentes que actúan con exagerada libertad e impunidad, tal como sucedió con el asesinato del Cabo Walter Alfredo Barrientos Cardona, integrante de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), o de igual forma, que hombres armados ocupen y violenten la Unidad de Salud del Barrio San Jacinto, y ataquen dentro de las instalciones a un paciente; hechos que no deben interpretarse como naturales del clima de violencia, en tanto el irrespeto a centros hospitalarios muestra una progresión del actuar de los grupos delictivos.
Preocupa el alto índice de accidentes de tránsito, motivados por la saturación de vehículos en las calles y la práctica abusiva de conducir temerariamente, ya sea por la disputa de pasajeros, por la disputa de la vía pública, por no respetar las señales de tránsito, por conducir en estado de ebriedad o de forma irresponsable hablando por teléfono, situaciones que requieren de medidas más severas para que los motoristas del servicio del transporte público en particular y los de vehículos de uso privado en general, tengan mayores restricciones y sanciones al provocar un accidente.
Es lamentable que, en el ámbito de la Asamblea Legislativa, luego de las protestas en contra de la privatización del agua, se tire al cesto de la basura el avance de más de 90 artículos de un proyecto de ley para la administración del servicio que dejó la legislatura pasada y ahora los diputados de derecha digan que comenzarán la discusión de cero; lo correcto es que retomen la discusión donde se quedó la anterior Asamblea y produzcan una ley que garantice la administración pública del agua.
También consideramos urgente que se mantenga una agenda abierta para crear un sistema previsional público que garantice un retiro digno de los trabajadores en tanto es la clase trabajadora la que produce la riqueza nacional, y es justo que luego de tres décadas de servicio, las personas se retiren con solvencia material.
Estos son algunas de los problemas que como Nación merecen la atención de diputados, del gobierno actual y especialmente de quienes formarán el gobierno entrante.
