En 2017 una sentencia de la Sala de lo Constitucional ordenó reconocer los desplazamientos internos a causa de la violencia, pero el actual gobierno no solo sigue sin reconocer de manera oficial el fenómeno, sino que ha incumplido la sentencia al no dar una respuesta efectiva a las víctimas.
Dado el proceso de transición gubernamental, organizaciones como Plan Internacional, Educo y Cristosal, entre otras, entregaron el documento “Impacto del Desplazamiento Interno Forzado por Violencia Generalizada en los Derechos de la Niñez y Adolescencia en El Salvador”. La entrega se hizo al vicepresidente electo, Félix Ulloa, quien señaló que el abordaje de los desplazamientos internos era una deuda pendiente del actual gobierno. Y se comprometió a retomar el tema una vez asuma el cargo el 1 de junio.
Según Ulloa, “no recocer esos fenómenos que golpean la conciencia nacional no nos va a permitir entrar a resolverlos de manera adecuada, que incluso la Sala de lo Constitucional demandó tanto para la Asamblea Legislativa como para la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) y el Ministerio de Justicia y que hasta esta fecha todavía no se han cumplido”.
Señaló que es una mora del Estado y el gobierno de El Salvador y como “nuevo gobierno tenemos la obligación, no solo moral, de enfrentar este problema; sino también de carácter legal, porque se trata de una sentencia”.
Por su parte Celia Medrano de CRISTOSAL dijo que los desplazamientos forzados por la violencia se han invisibilizado y ahora se trata de abordar el tema de manera apresurada.
Su llamado lo enfocó en el nuevo gobierno para que reconozca los casos y trabaje en la elaboración de programas y políticas públicas.
El documento entregado por las organizaciones recomienda crear protocolos para identificar casos de violencia generalizada y posibles desplazamientos.
Según el informe, mil 592 menores de 18 años se desplazaron a causa de la violencia, entre los años 2017 y 2018.
