Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresamos nuestra enfática condena ante las expresiones xenófobas dirigidas en contra de la población nicaragüense el pasado martes 23 de abril en Orosí de Cartago.
Estas manifestaciones fueron dibujadas en la vía pública dos días después del asesinato de un padre y su hijo en Cartago, crimen por el que dos personas nicaragüenses fueron identificadas como sospechosas. La investigación por este asesinato continúa en curso.
Desde CEJIL condenamos estos homicidios y cualesquiera otros, a la vez que repudiamos los crímenes de odio y la xenofobia.
Reconocemos que estos mensajes se dan ocho meses después de la marcha de odio que tuvo lugar el 18 de agosto de 2018 en el Parque de La Merced, San José, en contra de personas nicaragüenses que se han visto forzadas a migrar a Costa Rica en el marco de la crisis política y de derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018.
Esta serie de actos resultan preocupantes, particularmente en un contexto que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha caracterizado por “auge de discursos dirigidos a fomentar el odio, la violencia y la discriminación contra las personas migrantes en diversos países de la región, mismos que van acompañados de un aumento en las cifras de crímenes de odio y diversas formas de acoso contra estas personas, así como en contra de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes”.
Frente a este contexto, desde CEJIL hacemos un llamado urgente a las autoridades costarricenses para que condenen estos hechos y le recordamos al Estado su obligación de garantizar los derechos de todas las personas en igualdad y sin discriminación.
Asimismo, instamos al Estado de Costa Rica a tomar las medidas necesarias para prevenir, y sancionar los discursos motivados por el odio, así como actos o manifestaciones de xenofobia, racismo, discriminación, estigmatización social y violencia.
Como ha indicado la CIDH, recordamos que “el odio racial, la xenofobia y el discurso de odio que incitan a la violencia son contrarios a los derechos humanos fundamentales, incluso aquellos relacionados con la vida y la integridad personal, y debilitan las democracias”.
Finalmente, hacemos un llamado urgente a resguardar los derechos humanos de la población migrante nicaragüense que ha tenido que abandonar su país, particularmente en el marco de la crisis que enfrenta Nicaragua desde hace un año y que ya ha dejado un saldo de 325 personas muertas; más de 3,000 heridas; 777 personas detenidas arbitrariamente; y alrededor de 62,000 personas desplazadas forzosamente.
Nos sumamos a las voces que desde la solidaridad y el reconocimiento de la condición humana que nos une, han acogido a las personas que buscan protección y el reconocimiento pleno de sus derechos.
