(Por: Rodolfo Cardenal)
La losa del pasado es demasiado pesada para que los ligeros aires renovadores de Arena y del FMLN la puedan remover. Fiel a los militares asociados a su origen, Arena persiste en librarlos de responsabilidad penal por las fechorías de la guerra. El empeño es compartido por el Partido de Concertación Nacional, la fuente de Arena, y la democracia cristiana, cuyo dirigente defendió a los militares y corrigió las declaraciones de los testigos de la masacre en la UCA para exonerar al alto mando militar.
Asimismo, los antiguos guerrilleros, convertidos en políticos, funcionarios y empresarios, abandonaron las víctimas y la causa de la justicia, en cuyo nombre se alzaron en armas, para evadir sus responsabilidades penales, y así se alinean con los militares y con Arena y sus socios. Si algo hay que reconocerles es la fidelidad a sus raíces, pero eso les impide renovarse y asumir la causa de decenas de miles de víctimas que reclaman su derecho a la verdad y la justicia, las cuales son sacrificadas de nuevo para salvaguardar la identidad partidaria.
El nuevo intento para amnistiar a los criminales de guerra viene disfrazado de racionalidad y generosidad. Ofrece indemnización a las víctimas y trabajos de utilidad pública a los asesinos. Promete memoria histórica y olvido de crímenes y culpables.
Sus autores solicitarán a Naciones Unidas el archivo de la Comisión de la Verdad, una valiosa fuente de información, pero su informe no tendrá valor probatorio, en contra de lo acordado por las partes en 1992. En ese entonces, estas declararon que dicho informe sería el punto de partida para esclarecer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas de los crímenes de guerra y contra la humanidad. La sentencia que abole la amnistía es del mismo parecer. Pero ya entonces, las revelaciones del informe fueron de tal calado que la clase política no las toleró y se amnistió. Muy a su pesar, ciertos casos del informe han permitido iniciar algunos procesos judiciales. Y eso es lo que ahora pretenden detener.
Los legisladores y los partidos venden la nueva amnistía como memoria histórica, indemnización monetaria y trabajos de utilidad pública. En realidad, la memoria que ofrecen está muerta, porque carece de valor judicial. La indemnización no repara porque no hay verdad ni justicia.
Ni siquiera está garantizada, porque depende de la liquidez del acusado o de la disponibilidad de la hacienda pública. El trabajo social es un subterfugio para evadir la responsabilidad penal de los condenados, si es que hay alguno, ya que el acceso a la justicia es restringido: los diputados limitan los casos que pueden ser procesados, solo permiten acusar a los autores materiales, no a los intelectuales, e introducen un procedimiento extraordinario, no contemplado en el ordenamiento jurídico actual, acompañado de plazos irreales, para dificultar la imputación y evadir las posibles condenas.
Así, pues, los diputados ofrecen memoria, dinero y trabajo social a cambio de no investigar adecuadamente los gravísimos crímenes cometidos durante la guerra.
Y si acaso algún victimario resultara imputado y condenado, no será sancionado con cárcel, ni siquiera se le aplicará la detención provisional como medida cautelar. Y aquellos que ya han sido condenados y guardan prisión, serán puestos en libertad de inmediato. Tampoco se permite la extradición, una reiterada petición de España, que reclama a los implicados en la masacre en la UCA, y que ha sido negada repetidamente por la Corte Suprema de Justicia.
Además, los diputados ofrecen graciosamente tratamiento especial a los mayores de 65 años, la mayoría de los criminales de guerra. Estos partidos y sus diputados, defensores de asesinos, piensan que pueden construir democracia y libertad sobre la injusticia, la mentira y la humillación de las víctimas de la guerra. Sin verdad, sin justicia y sin reparación no hay reconciliación. Más aún, la impunidad de los criminales de la guerra no se agota en ellos, sino que se proyecta protectoramente sobre los grupos de exterminio, la nueva versión de los escuadrones de la muerte, y los corruptos.
Por eso, la Corte Suprema de Justicia envía al archivo los expedientes de los antiguos funcionarios acusados de corrupción, y la Policía y la Fiscalía no dan con el paradero de muchos criminales. El sistema está organizado para garantizar impunidad a los poderosos. No ha cambiado mucho desde la época de monseñor Romero. Es muy severo con el delincuente de poca monta y extremadamente generoso con el patibulario.
Ninguna renovación es real sin renunciar, de una vez por todas, a proteger a los homicidas del pasado y a los corruptos y exterminadores del presente. Ningún progreso socioeconómico y cultural es viable sin verdad y justicia. La tecnología de última generación, incluso la educación, no es suficiente para desarrollar y modernizar una sociedad tolerante con asesinos e insensible con las víctimas.
El apremio de los legisladores no obedece al plazo impuesto por la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que nunca han observado; más bien, la oportunidad para esta segunda amnistía es única, pues si no la aprueban ya, si la dejan para más adelante, el nuevo presidente podría vetarla. Los injustos se reúnen para conspirar contra las víctimas, pero son incapaces de acordar políticas que promuevan el bien general.
