En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado salvadoreño que el juicio por el asesinato de Elba y Celina Ramos, y los seis padres jesuitas no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos y que debía repetirse. El juicio nunca se reabrió realmente, puesto que nunca hubo investigación de parte de la Fiscalía.
Tras la insistencia de las víctimas, se dio un simulacro de reapertura, en el que la Fiscalía pidió el sobreseimiento por amnistía y prescripción. Cuando posteriormente se abrió en España la investigación del crimen, el juez a cargo razonó que el juicio llevado a cabo en El Salvador fue una farsa, una simulación.
En la actualidad, y con el aval de la Asamblea Legislativa, continúa la farsa de justicia con una ley que se dice de reconciliación, pero que en realidad es una amnistía disfrazada. Una ley trabajada por personas implicadas, directa o indirectamente, en graves violaciones a derechos humanos, haciendo caso omiso de la voz de las víctimas.
Que los diputados no abran un debate serio sobre una ley de justicia transicional, que ignoren los llamados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Relator Especial para la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición es un claro desprecio a las víctimas de la guerra, un menosprecio evidente a la ciudadanía y una burla patente a la autoridad moral de la ONU y a las normas democráticas básicas.
La supuesta ley de reconciliación trata de eliminar cualquier pena de cárcel, obligando a los jueces, de oficio, a dictar medidas que impidan el encarcelamiento de los acusados o condenados. Por supuesto, la justicia penal es solo una parte de la justicia, pero al eliminarla no solamente se prescinde de los estándares internacionales en el campo de los derechos humanos, sino que se ofende a las víctimas y se impone por ley, una vez más, la impunidad de los crímenes más graves que se pueden cometer, según la jurisprudencia internacional.
Resulta además sintomático del afán de encubrimiento y de la búsqueda de impunidad, el hecho de que en el documento preparatorio de la ley se diga que solo se podrá juzgar a quienes participaron directamente en los crímenes, abriendo así la posibilidad de dejar fuera a los autores intelectuales. Esto como si los tiros de los soldados de base contra sus propios hermanos y hermanas salvadoreñas no fueron ocasionados por las órdenes de los coroneles y generales al mando.
Esa misma condescendencia con crímenes y criminales se advierte en el silencio de Arena y del FMLN ante la recomendación del relator Fabián Salvioli de retirar el nombre de Domingo Monterrosa de lugares públicos. En realidad, a este respecto, hay escasa distancia entre la actitud de la mayoría de diputados y la apología del crimen.
La discrecionalidad que se le da a la Fiscalía para investigar o no los crímenes denunciados, la brevedad del tiempo para realizar las indagaciones pertinentes y la determinación de que todos los casos deben ser juzgados en San Salvador, pese a que muchos crímenes se perpetraron en zonas lejanas de la capital en las que continúan viviendo las víctimas, muestran un claro afán proteccionista para los victimarios.
Incluso, la responsabilidad civil se limita claramente al estipularse que solamente podrá alcanzar, como máximo, un 20% del patrimonio líquido de los criminales. La indemnización estatal, dado que fueron agentes del Estado quienes cometieron los delitos, es también una burla: se hace depender de las “posibilidades financieras del Estado”.
Lo menos que se puede decir de esta propuesta de ley es que es irracional, antijurídica y violatoria de las obligaciones constitucionales y convencionales de El Salvador. La irracionalidad se repite a lo largo del texto, como cuando dice que los crímenes de lesa humanidad y guerra son imprescriptibles, y luego afirma que “la investigación y juzgamiento tiene vigencia limitada en el tiempo”. Mientras frente a la delincuencia común se exacerba la tendencia a la mano dura y se apoyan condenas de cárcel que en la práctica son de por vida, a los criminales del pasado se les regala impunidad.
Las palabras del relator Salvioli son inequívocas: “No hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos.
Tampoco son legales. La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”. A los diputados las opiniones técnicas y de organismos internacionales no les importan, pero deberían recordar que la mayoría de salvadoreños están hartos de ese tipo de irresponsabilidad. (Editorial UCA)
