El Juzgado Ambiental de Santa Tecla resolvió imponer medidas cautelares a Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, S.E.M. de C.V., o PUL SEM de C.V., ubicado en cantón Melara, y representada legalmente por Nicolás Salume, por violaciones a la Ley de Medio Ambiente. Las medidas impuestas son de cumplimiento obligatorio.
El tribunal ordenó la suspensión inmediata del ingreso de desechos sólidos que excedan a 500 toneladas diarias. Esta medida deberá cumplirse en 24 horas.
De igual forma le da un plazo de cinco días hábiles para que entregue a dicho tribunal ambiental el reporte que tenga del total desechos sólidos ingresados desde octubre de 2018 hasta el mes de abril de 2019.
En la resolución también se le otorgan 30 días al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que realice una auditoría al relleno sanitario de La Libertad con el fin de que informe si se está cumpliendo con las condiciones que le fueron impuestas en el permiso ambiental que la exministra Lina Pohl les dio, y si existen impactos en el medio ambiente que afecten el mismo o ponga en peligro la salud de la población.
El juzgado ambiental ordena se fiscalice cada 15 días la cantidad de desechos sólidos que están ingresando al relleno en La Libertad.
Ordena además al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que en un plazo de 15 días informe si las personas que trabajan en dicho relleno cuentan con el equipo adecuado que no afecte y ponga en riesgo su salud.
La resolución fue certificada a la Fiscalía General de la República en cumplimiento a lo ordenado por el inciso 3 del artículo 102 C de la ley de Medio Ambiente.
De no acatarse las medidas cautelares obligatorias, los propietarios incurrirían en la comisión del delito de Desobediencia de Particulares.
