El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que su Gobierno se comprometió a disminuir en 45 días las cifras de migrantes que llegan a EEUU o a revisar la pretensión del Gobierno de Trump para firmar un acuerdo de tercer país seguro.
El Gobierno mexicano, sin embargo, sostiene que no aceptará un acuerdo que obligue a pedir protección a sus autoridades a todo solicitante de asilo que pase por el país, antes que a EEUU. Pero las amenazas de Donald Trump de gravar con aranceles todas las mercaderías mexicanas que vayan al vecino del norte cimentaron las bases para que México ponga más obstáculos a los migrantes que van camino a EEUU.
México es el principal corredor migratorio del mundo y, desde el año 2014, Washington ha buscado la manera de detener ese flujo constante. La aplicación del programa Frontera Sur, promovido por el Gobierno de Barack Obama y diseñado por la Marina Armada de México, disminuyó las cifras de migrantes detenidos en la frontera con EEUU a mínimos históricos, al tiempo que convirtió a México en el país que más deporta gente del continente.
Ahora, la mezcla de la migración con la amenaza arancelaria volvió a poner a México en el camino de un acuerdo del tipo de ‘tercer país seguro’ que, de lograrse, haría prácticamente imposible obtener asilo en EEUU.
Un entendimiento de este tipo entre ambos países obligaría a cualquier solicitante a pedir asilo en México, el primer país por el que cruzan al salir del suyo y la única vía para entrar a EEUU. De esta manera, Washington se deslinda completamente de la obligación internacional de brindar apoyo a las poblaciones que escapan de distintas partes de Centroamérica —y del mundo— por considerar que en sus sitios de origen corren riesgo de vida.
Ebrard sostuvo en conferencia de prensa este lunes 10 de junio que se pondrán en práctica dos medidas: el rápido despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana, así como la permanencia en México de 10.000 personas que solicitaron asilo en EEUU y fueron cruzadas nuevamente al sur de la frontera, para que esperen allí el tiempo que tarda en resolverse su solicitud de protección.
Es decir, los solicitantes de asilo ya no son liberados en territorio estadounidense, sino enviados a Tijuana y Ciudad Juárez, del lado mexicano. En la mañana del 10 de junio se supo que, a partir de estas negociaciones, EEUU comenzará a devolver gente a México a través de los 22 pasos fronterizos que hay entre ambos países, por lo que esa cifra crecerá exponencialmente y exigirá de México una inversión en su atención, sobre la que no se han dado señales.
Las autoridades de Washington plantearon a sus pares mexicanos que «la única manera de que no hubiese tarifas [aranceles] era que México firmara un acuerdo de tercer país seguro», explicó Ebrard, quien sostuvo que México tiene «muchas reservas sobre eso». En cambio, propusieron dos medidas y un plazo «para ver quién tiene razón», dijo.
El tercer punto anunciado por el canciller Ebrard es que, de no lograrse la disminución en las cifras de migrantes detenidos por la autoridad estadounidense en la frontera, volverán a reunirse en 45 días los dos países, convocando también a los Gobiernos de Guatemala, Panamá y Brasil. Estos dos últimos países son otros enclaves migratorios del Continente americano.
«Ambas partes están de acuerdo que en el caso que las dos medidas adoptadas que los números bajen, tomaran medidas adicionales. México y EEUU continuarán conversaciones sobre otros posibles entendimientos», sostuvo Ebrard este lunes 10 de junio.
Aumento represivo
Durante la semana previa al anuncio de estos acuerdos, el Gobierno mexicano ya había mostrado señales de un endurecimiento de su política contra la migración en tránsito hacia EEUU.
El 5 de junio, unas 300 personas que caminaban en caravana fueron detenidas tras pasar el retén migratorio de Metapa (Chiapas) para ser recluidas en la estación migratoria Siglo XXI, una de las mayores cárceles para migrantes de México, de donde serán deportadas sin mayor proceso que una entrevista.
Además, periodistas chiapanecos reportaron la realización de redadas en hoteles de Tapachula, en los que autoridades federales detuvieron a los migrantes que allí se hospedaban. El periodista Benjamín Alfaro reportó cómo el 28 de mayo, la Policía Federal, que custodiaba a los agentes de migración que realizaron estas detenciones masivas, impidieron el trabajo de la prensa, además de que se presentaron sin órdenes de cateo o detención para ingresar a los establecimientos.
El mismo día en el que se detuvo y encarceló a la caravana en Metapa, dos defensores de derechos de los migrantes fueron detenidos en dos puntos del país: en el Estado de Sonora fue arrestado Irineo Mujica, director en México de ‘Pueblos Sin Fronteras’; mientras que en la Ciudad de México lo fue Cristóbal Sánchez, al salir de su casa. Ambos habían sido detenidos arbitrariamente en febrero y posteriormente liberados.
Según explicó a Sputnik Alex Mensing, integrante de Pueblos sin Fronteras, los defensores han sido acusados por el Gobierno mexicano de «tráfico de personas» y han sido recluidos en el penal de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur mexicana. Este martes tendrán su audiencia de vinculación a proceso, que definirá si siguen o no detenidos arbitrariamente.
«Las acusaciones contra Irineo y Cristóbal son falsas, producto de una campaña de criminalización del Gobierno mexicano bajo fuerte presión del Gobierno estadounidense. Exigimos que se respete el debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y una justicia real para estos dos grandes defensores», concluyó.
