Con casi 50.000 personas a la espera de obtener refugio o asilo en México, la Cancillería mexicana anunció que se seguirá el modelo europeo, convirtiendo las «estaciones migratorias» en «campos de refugiados». Ante la falta de recursos, gestionan un préstamo de 20 millones de dólares ante el BID para esta infraestructura.
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, anunció esta semana durante su visita al estado sureño de Chiapas que el Gobierno mexicano inició las gestiones por una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo.
El canciller Marcelo Ebrard anunció durante la conferencia mañanera de este 21 de junio, México buscará construir cuatro «campos de refugiados» en su territorio: dos en el sur, en Tapachula (Chiapas) y otros dos más en la frontera norte, en Tijuana (Baja California Norte) y Ciudad Juárez (Chihuahua)
Durante los cinco primeros meses del año, la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado (Comar) recibió más de 24.000 solicitudes de asilo, que se suman a las más de 30.000 pendientes de resolución que arrastra de los años previos.
Desde el año 2015, con la aplicación del Programa Frontera Sur, las solicitudes de asilo se dispararon en México como consecuencia de la persecución institucional que se desató a partir de este plan, promovido por el Gobierno de EEUU y elaborado en México por la Marina (Armada).
A pesar de que ni los solicitantes de refugio, ni los migrantes en tránsito hayan cometido delito alguno al ingresar al país sin documentos —no existe una pena o proceso judicial derivado de esta conducta— tanto unos como otros son recluidos en «estaciones migratorias» que en los hechos funcionan como cárceles para migrantes.
Sin embargo, casi sin excepción, las condiciones de hacinamiento en estas estaciones violan sistemáticamente los derechos de las personas allí recluidas.
A partir de la presión de algunas organizaciones de la sociedad civil que promovieron programas de «alternativas a la detención» para los solicitantes de asilo, los migrantes encerrados en dichas estructuras empezaron a ser liberados en México.
Aún así, aunque siguen pasando cierto tiempo recluidos en estos sitios, junto a las personas detenidas en tránsito por el Instituto Nacional de Migración, que esperan presos por su deportación.
La peor estancia
Es prácticamente imposible encontrar un relato amable de las condiciones de estancia en estas estaciones migratorias.
Dos jóvenes hondureñas que estuvieron recluidas en la estación migratoria Siglo XXI, de Tapachula, relataron a Sputnik cómo fue la «fuga» en mayo de este año que se atribuyó a los migrantes cubanos presos en esa estación migratoria.
Las jóvenes contaron cómo el conflicto comenzó a partir de la agresión a un migrante cubano por parte de un policía federal, cuyo cuerpo de seguridad trabaja junto al INM. El disturbio trajo aparejado un revuelo que fue subiendo, hasta que superó el control de los agentes migratorios.
«Ese día, un federal le faltó el respeto a un cubano y lo golpearon bien feo. Entonces, todos los demás respondieron. Los federales respondieron tirando bombas lacrimógenas para adentro de la estación», contó una de las jóvenes.
Entonces, entraron a la cocina para descubrir kilos de comida que ellos nunca habían recibido durante su estancia: jamones enteros, paquetes de gelatinas y chocolates, y pan de molde. En cambio, solo recibían atún sacado de «una lata verde grande».
Los alimentos descubiertos, entendieron, estaba reservada para los agentes de la ‘migra’. Pero los cubanos la empezaron a repartir entre todos.
«Mira todo lo que tienen ahí y a nosotros nos dan las tortillas frías que sacan de la basura. Hasta cosas para aseo personal había, que no nos daban. Todo mundo corría como loco», explicó otra de las jóvenes.
Ellas no se fueron junto a los casi 800 personas que sí salieron ese día. El hijo de una de ellas estaba alojado aparte —los adolescentes varones son separados de su familia dentro de la estación— y no iba a dejar a su hijo «botado». Entonces fueron deportadas.
Un joven nicaragüense hizo a Sputnik un relato similar sobre la escasez y el hacinamiento. El muchacho estuvo detenido en la estación migratoria de Palenque (Chiapas) durante 20 días, aunque hubiese solicitado asilo.
«Empezamos como con 60 personas, después fueron trayendo gente y ya para salir (a fines de mayo de 2019) éramos más de 300 que no es la capacidad de la estación, que es como para 80 personas», relató.
«Fue demasiado, con problemas de agua, poca comida, y el trato ya se sabe que no le llevan a uno un orden. Yo entré el 2 de mayo, pero con tanto migrante, los casos son demasiados y se les olvidan algunas personas. Les retrasan el papeleo y se está tiempo de más ahí adentro», explicó.
Él consiguió salir de la estación después de dos semanas sin saber qué sería de su destino o cómo avanzaba su solicitud de refugio. Sólo fue liberado después de una visita de personal de ACNUR, frente a la que se quejó de la falta de respuestas. Ahora, firma cada semana en la oficina migratoria de Palenque, a donde quedó anclado hasta el final de su trámite.
