Está acusada de privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre de jóvenes religiosas en el monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen.
En Entre Ríos, comenzó la cuarta audiencia del juicio que se sigue a Luisa Toledo, la ex priora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, que está acusada de privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre, en ambos casos perpetradas en el mismo convento. En la audiencia anterior, Roxana Peña, una de las monjas que denunció a Toledo, dijo que la vida en el convento “era el mismo infierno”. Durante la audiencia de hoy declararán al menos otros dos testigos; están previstas otras tres jornadas, y se espera que el debate oral culmine el 28 de junio.
En su declaración ante el tribunal , Peña contó que Toledo encerraba a las monjas “más de una semana con pan y agua” y que no las dejaba salir del convento. La madre superiora también las obligaba a golpearse con látigos, usar cilicios –correas con púas que se atan a brazos o piernas para autoinflingirse dolor– y mordazas.
La denuncia se realizó en 2016, luego de que la revista entrerriana Análisis publicara una investigación detallando los maltratos físicos y psicológicos que padecían las monjas del convento por parte de Toledo, a quien puertas adentro todas se referían como “hermana María Isabel”. La difusión de las acusaciones motivó un allanamiento que fue duramente criticado por la jerarquía eclesiástica, mientras que las monjas ensayaron defensas a través de videos y posteos compartidos en un perfil de Facebook abierto con esos fines.
«Según las víctimas la imputada quería volver al siglo XV, con autoflagelos por más tiempos y en situaciones prohibidas hasta en la constitución más rígida», aseguró el fiscal de la causa, Jorge Gamal Taleb, y agregó que “la posibilidad de mortificación corporal, que aparece en la constitución del siglo XV” fue eliminada por el Concilio Vaticano II realizado en la década del ‘60.
Peña logró escapar del Carmelo de Nogoyá en 2016 gracias a la ayuda de un jardinero que le dejó la puerta abierta. Previamente, la ex monja había pedido un traslado a otro convento, pero su pedido fue denegado. “En 2015 intentó irse pero le pedían hacer una nota formal, que realizó, pero tras un mes la imputada le dijo que no la iba a enviar», detalló Gamal Taleb.
La semana pasada también declaró Silvia Albarenque, la otra excarmelita que denunció a Toledo. Afirmó estar «destruida psicológicamente por los maltratos» que vivió en el convento. “Nosotros llevamos al Carmelo de Nogoyá un sol, una persona vivaz y alegre y nos devolvieron un espectro que estaba al borde de la muerte”, dijo Marcelo Albarenque, hermano de la víctima.
La exmonja logró salir del convento en 2013 y “tenía úlceras cicatrizadas en el estómago”, “una enfermedad crónica de tiroides sin tratar”, “la piel extremadamente blanca”, estaba demasiado flaca y padecía daños psicológicos.
Toledo obligaba a las religiosas a cumplir el voto de silencio, que es optativo en todas las congregaciones. Cuando un familiar iba de visita al Carmelo, siempre había alguien escuchando las conversaciones para que no se hablaran de temas “vulgares” y, si lo hacían, eran castigadas. También se revisaba la correspondencia que llegaba al convento y las que escribían las monjas. A veces eran obligadas a reescribir las cartas.
“Nosotros como familia no teníamos conocimiento de lo que pasaba, y el poco contacto formal que tenían con el mundo exterior era con sus familias –sostuvo Albarenque–. Nunca me imaginé, ni en mis fantasías más alocadas, que podían pasar estas atrocidades dentro de un convento de carmelitas descalzas. En el poco contacto que había, mi hermana era acompañada por otra monja superior de modo tal que no se podía hablar con libertad y ni siquiera se podía hablar, generalmente la que hablaba era la que la acompaña a la visita”.
Albarenque denunció que su hermana “no fue la única” víctima de Toledo. “Hay otras similares, tan o igual de graves, y hay otras monjas que expresaron su disenso con la comunidad y su deseo de salir del convento”, aseguró. También señaló que los honorarios de Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, abogados defensores de Toledo, son abonados por la diócesis. “Cuando los feligreses ponen dinero en la canasta los domingos están financiando los honorarios de una persona acusada de privación ilegítima de la libertad en por lo menos dos casos”, aseguró.
La investigación periodística había señalado que las monjas que vivían en el convento “nunca pudieron abrazar a un familiar”. “Tampoco darle la mano. Una de ellas no pudo ver a su padre por diez años, porque se había divorciado de su madre y por ende era ‘un pecador público’. Nunca se pueden mirar a un espejo porque es símbolo de ‘vanidad’ y si alguna de ellas intenta ver su reflejo en el vidrio de alguna ventana, habrá un inmediato castigo. Hubo veces que solamente se podían bañar una vez cada siete días. Las carmelitas descalzas del convento de Nogoyá vienen sufriendo torturas psicológicas y físicas, todo a la vista de las autoridades de la Iglesia que una vez más, han decidido no intervenir”, relataba el artículo.
Las próximas audiencias serán 19, 25, 27 y 28 de junio a partir de las 9 de la mañana. Toledo sólo estuvo presente en la primera jornada y argumentó que se ausentaba por problemas de salud.
