En nuestro país, mientras un alto porcentaje de colegios privados cumplen con los principales estándares de calidad, en el sistema público la mayoría de las escuelas e institutos ofrecen una pobre educación, insuficiente para que niños y adolescentes adquieran los conocimientos básicos y desarrollen las capacidades necesarias para seguir estudios universitarios o insertarse con éxito en el mundo laboral.
Las diferencias en la calidad de la educación es uno de los factores que mayor desigualdad generan, y por ello es tan importante mejorar la educación pública, dado que atiende al 90% de los estudiantes. Hablar de la mejora de la calidad de la educación pública es hablar de justicia social, bien común y prevención eficaz de la violencia.
En esa vía, lo primero es diagnosticar y validar cuáles son los principales factores que explican la baja calidad de nuestra educación. Y una vez identificados, atenderlos de forma diferenciada, comenzando por los más cruciales, aquellos cuya solución tenga un mayor y más rápido impacto en la mejora de la calidad. En segundo lugar, se requiere rediseñar el sistema educativo y su funcionamiento. Lo ideal sería poder dejar a un lado el sistema educativo actual y construir uno nuevo, pero eso es imposible. La reforma de la educación solo puede hacerse de forma gradual, por etapas, coincidiendo lo nuevo y lo viejo por un tiempo, hasta que poco a poco el sistema quede completamente reformado.
La propuesta del Plan El Salvador Educado para mejorar la calidad, elaborada por el Consejo Nacional de Educación durante la administración de Salvador Sánchez Cerén, es valiosa, pero requiere una inversión que difícilmente podrá ser financiada en las condiciones actuales. Ello da un mensaje claro: el Gobierno que desee mejorar la educación requerirá recaudar más recursos. Sin embargo, el país no debe renunciar a la reforma. De ello depende la formación de las nuevas generaciones y un mayor desarrollo humano y social. Hay aspectos que se pueden cambiar y que tendrán impacto positivo a corto plazo sin requerir inversiones multimillonarias.
Uno de ellos es la formación de los directores de las escuelas e institutos. El papel del director es crucial para el buen funcionamiento de una institución educativa; quien ostenta el cargo debe contar con ciertas competencias clave. En este sentido, es fundamental formar un contingente de directores, seis mil de ellos, preparados a fondo para dirigir competentemente las escuelas e institutos del país. Otro paso fácil es hacer que el sistema de asignación de plazas de maestro funcione de tal manera que solo emplee a profesores competentes, profesionales con la formación requerida para el grado y las materias a impartir.
En la asignación de plazas, los años transcurridos desde la obtención del título no deberían constituir un mérito; al contrario, tendrían que ser un impedimento para acceder a una plaza si la persona no ha ejercido como docente desde su graduación, a no ser que pase por un curso de actualización.
Relacionado con lo anterior, el Ministerio de Educación debe elaborar y hacer público un inventario detallado de las plazas necesarias, actuales y futuras, para cada nivel y materia, y convocar con tiempo a concurso de méritos para llenar las que necesite cubrir en cada año lectivo. Además, a todos los nuevos maestros les debe exigir un mínimo de conocimientos de computación educativa para que estén acordes a estos tiempos, aunque aún las tecnologías de la comunicación y la información sean una quimera en ciertas áreas del país. Un tercer cambio urgente es implementar la evaluación del desempeño docente. Actualmente, se evalúan los conocimientos y competencias adquiridas por el estudiante, pero no al maestro. Ello no contribuye a la superación de deficiencias y a la identificación del personal que requiere apoyo o, en el peor de los casos, sustitución.
Estas tres medidas las aplican los colegios privados de mayor calidad en el país: formar al director del centro educativo, contar con un efectivo y transparente sistema de asignación de plazas por mérito y evaluar el desempeño docente. Introducirlas en la educación pública tendría un impacto inmediato en la mejora de la calidad a un costo aceptable para las finanzas públicas. Si en verdad hay voluntad de mejorar la educación, es solo cuestión de empezar a caminar.
(Editorial UCA)
