Por:Idoya Noain
Caótica respuesta de la Administración Trump tras las revelaciones sobre las brutales condiciones de internamiento de niños migrantes.
Activistas, abogados, expertos, políticos y periodistas llevan años, incluso décadas, viendo o intentando ver, denunciando y luchando en los tribunales contra la situación que padecen los niños migrantes que quedan bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos tras cruzar la frontera, sin papeles o para pedir asilo. Ni siquiera los más veteranos, no obstante, recuerdan una situación tan inhumana y cruel como la que se está viviendo durante el gobierno de Donald Trump.
Niños que, en lugar de las 72 horas que estipula desde 1997 el llamado “Acuerdo Flores” que regula las condiciones de internamiento de menores no acompañados, pasan semanas encerrados en instalaciones que, además, carecen de las condiciones básicas mínimas de salubridad, alimentación o cuidados. Prepúberes y adolescentes que quedan a cargo de atender a los más pequeños. Tanta hambre como para que los pequeños despierten en mitad de la noche o tan poca comida como para que una madre adolescente no pueda ni alimentar a su bebé. El frío del cemento sobre el que duermen muchos, difícil de combatir con la única manta que reciben algunos, obligados a decidir entre usarla como colchón o para protegerse de los aires acondicionados. Ni un cepillo de dientes ni jabón ni ropa limpia o solo una ducha en un mes. Piojos. Virus. Enfermedades. Abandono.
Es un retrato demoledor que se suma a las muertes de al menos seis menores migrantes bajo custodia de EEUU desde el pasado septiembre. Y ha vuelto a saltar a la luz después de que un grupo de abogados visitara el 17 de junio, con autorización judicial y como parte de un caso pendiente en los tribunales, unas instalaciones masificadas de la Patrulla Fronteriza en Clint (Texas), a unos cinco kilómetros de la frontera con México. Allí, en un espacio diseñado para adultos y con capacidad para 104 personas, se han estado hacinando más de 350 menores, parte de ellos supuestamente en una especie de almacén sin ventanas con el que se ha ampliado la capacidad pero que a los abogados no se les permitió visitar. Muchos de los menores, aunque están clasificados como “no acompañados”, cruzaron la frontera con parientes, o tienen padres o familiares en EEUU bajo cuyo cuidado podrían quedar en lugar de internados.
Caos de la Administración
Las revelaciones desataron una tormenta suficiente como para que el fin de semana y el lunes la Administración anunciara que había reubicado a 300 de los menores en otras instalaciones o refugios, pero el martes ha retornado el caos. Fuentes gubernamentales han informado de que 100 de los niños han sido devueltos a Clint. Y aunque en una llamada informativa esas fuentes han negado que la situación sea tan grave como se ha denunciado, la propia Administración se contradice. La semana pasada el secretario en funciones de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, reconoció que las condiciones son “inapropiadas”. Y también la semana pasada una representante del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, en una vista en un juicio en California que tiene como eje el “acuerdo Flores”, se ganó la incredulidad y la reprimenda de los magistrados por defender que se limite el acceso a productos de higiene básica o a condiciones que aseguren su seguridad.
Desde Washington, además, han llegado el martes noticias de la dimisión inminente de John Sanders, el comisionado en funciones de CBP, la agencia encargada de la protección de aduanas y fronteras. Sanders llevaba escasos dos meses ocupando de forma interina el cargo y aunque fuentes oficiales desvinculan su salida de la crisis, deja de manifiesto las turbulencias en la Administración Trump y la incapacidad del presidente de encontrar un equipo fijo para aplicar sus más draconianas políticas migratorias.
El Congreso
La situación, que ha empeorado ante el ostensible aumento de la llegada de menores no acompañados y familias con niños provenientes sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, representa una auténtica crisis humanitaria según admite la Administración, que intenta ahora que el Congreso apruebe una ayuda de emergencia de 4.500 millones de dólares. Pero la cuestión se ha contaminado por la guerra política sobre la inmigración acelerada con claros objetivos electoralistas por Trump, que la semana pasada anunció por Twitter redadas de la agencia ICE para iniciar la deportación de “millones”, incluyendo familias con niños, que luego pospuso el fin de semana dando a los demócratas dos semanas para negociar.
Es precisamente esa táctica de buscar negociaciones bajo amenazas y el foco de su gobierno en las prácticas más duras la que dificulta que el Congreso le dé los fondos que reclama. Un comité del Senado, controlado por los republicanos, sí que dio la semana pasada luz verde con apoyo demócrata a una iniciativa para hacerlo. Este martes se esperaba que otra medida lograra la aprobación en la Cámara Baja, controlada por los demócratas, que han mantenido varios días de intensas negociaciones para convencer a su ala más progresista de respaldar la dotación de fondos incluyendo garantías para que la Administración solo pueda usar el dinero para mejorar las condiciones de los menores.
Incluso si se supera la reticencia de congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, que consideran “inadmisible” dar un solo centavo a la Administración y abogan por poner fin de raíz a la detención de menores, nada estará garantizado. Quedarán solo dos días antes de un receso veraniego para que vote todo el Senado y se unifiquen las versiones de las dos cámaras con una medida que, además, debe conseguir el visto bueno de Trump.
Tensión en México
La situación no ha disparado solo la tensión en EEUU, sino también en México, país del que Trump logró un acuerdo para endurecer su política migratoria bajo la amenaza de abrir una guerra arancelaria. En virtud de ese pacto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reforzó su frontera sur con Guatemala con 6.500 miembros de la Guardia Nacional y desplegó otros 15.000 soldados en la frontera norte.
Esos últimos efectivos en principio no tendrían que detener migrantes centroamericanos pero a finales de la semana pasada fueron grabados y fotografiados evitando que mujeres y niños cruzaran el Río Grande para alcanzar EEUU y deteniéndolos. Este martes, contradiciendo unas declaraciones de su ministro de Defensa la víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que los militares “no están ahí para hacer ese trabajo” de detenciones, y ha agregado que “ese es trabajo de las autoridades de migración, no el ejército”, y ha prometido una investigación. “Vamos a lidiar con este tema para que no se cometan abusos”, ha asegurado el mandatario, que también ha declarado que necesita “evitar una confrontación con el Gobierno de EEUU”.
