(Por: Jesús Solano)
Las grandes empresas nacionales y multinacionales hacen alarde de practicar la responsabilidad social empresarial, al realizar algunas obras que son ínfimas comparadas con sus millonarias ganancias; dicho sea de paso, les sirve como medio de publicidad, para dar buena imagen y en no pocos casos para quedar exonerados de pagar impuestos.
La verdadera responsabilidad social empresarial debe incluir el pago completo de los impuestos, buen trato y salarios justos para el sector laboral, libertad sindical, ganancias ilícitas, no dañar el medio ambiente, etc. Esta actitud macro empresarial se contradice con la evasión y elusión de impuestos que ronda los mil doscientos millones de dólares anuales en nuestro país, también con la apropiación ilícita del dinero descontado a las y los trabajadores destinados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFPs entre otros. Según estudios realizados por el Dr. Salvador Arias, la corrupción fiscal (evasión y elusión de impuestos) alcanzó en el periodo de 1989 a 2009 un total de 24 millones 597 mil dólares; así mismo, el robo del IVA durante el mismo periodo fue de 14 millones 513 mil dólares; estos datos se asemejan a los que maneja el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Fue la gran empresa el sector que se opuso tenazmente al aumento del salario mínimo propuesto por la administración pública anterior. Por otra parte, en forma fraudulenta impusieron en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), a personas afines a sus intereses y ajenas al sector laboral y sindical, con el objetivo de bloquear y anular los derechos y propuestas en favor del sector asalariado.
Y qué decir de las exorbitantes ganancias inmorales y camufladas de legalidad obtenidas por la gran empresa con la privatización de los bienes del pueblo, como la telefonía, sistema eléctrico, las pensiones y bancos, entre otros, con lo que han sido beneficiadas grandes empresas nacionales y extranjeras, gracias a los votos de los grupos parlamentarios de derecha como: ARENA, PCN y PDC, lo cual ha traído miseria y sufrimiento al pueblo salvadoreño.
Según la Súper Intendencia de pensiones, solo en siete años (2011 a 2018) las AFPs se embolsaron 200 millones de dólares aportados por las y los trabajadores cotizantes. En los 20 años de existencia estas han acumulado un invaluable capital hasta la fecha desconocido.
No se puede dejar de mencionar los daños ocasionados al ecosistema, en muchos casos de manera irreversible originados por las empresas con “responsabilidad social”, talando zonas boscosas que servían de recarga acuífera y oxigenadoras para asentamientos humanos, lo cual causó desastres y la pérdida de vidas en la cordillera El Bálsamo, que dejó soterrada a la colonia Las Colinas, en Santa Tecla, durante los terremotos de 2001, también las graves inundaciones en el gran San Salvador, debido a la tala de árboles y la urbanización de la Finca El Espino, en la cual los millones de metros cúbicos de agua que se filtraba en el subsuelo, ahora corre sobre el asfalto y el pavimento ocasionando serios problemas en las zonas bajas de la capital.
No podemos olvidar la aguda contaminación ocasionada por Baterías Record en Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad, que dejó a cientos de personas con daños físicos irreversibles y cuyos residuos tóxicos fueron sacados del país con fondos públicos.
Así mismo, existen empresas que enarbolan la responsabilidad social empresarial a costa de sus trabajadores, a quienes multa para dar la aportación a nombre de la empresa tal como sucede en las Teletones.
Sería injusto no reconocer el buen actuar de algunas empresas que si cumplen con sus compromisos fiscales, laborales y ambientales lo cual es digno de alabar e imitar, sin embargo, se detesta aquellas que incumplen sus deberes y que socializan los costos y privatizan las ganancias.
