En agosto de 2017 el periodista Omar “N” huyó de Zihuatanejo, Guerrero, por las amenaza que recibió de criminales locales. Lo estaba presionando uno de los cárteles de narcotraficantes que operan en la Costa Grande de Guerrero para publicar lo que le ordenaban.
“Te obligan a que tú seas vocero de ellos, y digo te obligan por que no estás en condiciones de decirles no voy a publicar esto, ya que ellos son los que dictan la línea editorial a los reporteros allá”, señala.
“La segunda vez me secuestraron por cuatro horas, y esta última vez, sabía que sería la definitiva; la tercera es la vencida, si esta vez no me mataron, esta vez sí me van a matar”, recuerda.
Omar abandonó todo lo que tenía, y es que por tercera vez habían intentado darle un levantón, y como sabía que no habría otra oportunidad de salvarse, decidió huir al estado de Michoacán para protegerse.
Desde allá, algunos activistas lo contactaron con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y lo apoyaron para integrarse al mecanismo de protección a periodistas en la Ciudad de México para recibir refugio; sin embargo, su familia no fue incluida en la protección y hasta el momento está impedido para volver a Guerrero, pues sus agresores siguen operando allá.
Lejos de su hogar, Omar reprocha que no hay oportunidad para los comunicadores desplazados que están en el mecanismo de protección para seguir con su trabajo.
Aunado a esto, el mecanismo, según señalan organizaciones no gubernamentales y funcionarios, no tiene recursos suficientes para apoyar al número creciente de periodistas que tienen que huir de sus lugares de origen por las amenazas para seguir ejerciendo su trabajo.
El mecanismo de protección a periodistas en el que está Omar, de acuerdo a Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa Agravio a Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoya hoy, a unos 800 comunicadores y cuenta solamente con entre 22 mil y 25 mil pesos mensuales para protegerlos a todos.
La CNDH alerta que la cantidad de periodistas protegidos podría crecer próximamente a más de mil beneficiarios si no se frena la violencia que hay en el país, donde, de acuerdo a cifras oficiales, tan sólo en junio tres mil personas fueron asesinadas con dolo y en promedio se asesina a dos periodistas por mes.
Las carencias económicas que tiene el mecanismo de protección a periodistas, aunado a la opacidad con la que se maneja el mismo, y la falta de voluntad política para que opere y se aplique la ley de protección a periodistas, hace que sea prácticamente imposible proteger correctamente a los comunicadores.
Ante esta situación, Omar «N» y otros comunicadores refugiados se vieron obligados a conformar la asociación Periodistas Desplazados de México, para visibilizar el problema y buscar que otros periodistas conozcan las medidas cautelares que hay.
Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México (RSF) señala que las condiciones de riesgo para ejercer el periodismo en todo el país, desde hace más de una década, son de las peores.
Considera que el escenario actual para la prensa es cada vez más difícil, y cree también que es muy complicado que este escenario cambie en el corto o mediano plazo, durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, “porque la violencia se ha instalado en varias regiones”, donde los esfuerzos federales no han podido hacer que retroceda esta violencia.
Balbina Flores considera que la falla fundamental en la protección a comunicadores está en las medidas de protección que se les otorgan.
“Sabemos que ha fallado la supervisión, la implementación de medidas y los análisis de riesgo, así como la profesionalización del personal que otorga las medidas cautelares, porque ha habido una rotación constante de personal dentro del mecanismo de protección”, indica.
Asimismo, subraya que el presupuesto para operación del mecanismo es insuficiente, además de que lo opera una empresa privada que además de no tener el perfil para prestar los servicios de protección, funciona con total opacidad.
Concatenado a estas carencias, la representante de RSF considera que el discurso político de las autoridades, “es decir, el discurso del gobierno en todos sus niveles, tiene que ser de respeto al ejercicio periodístico”, pues dice, “es algo que no estamos viendo ahora, y nos preocupa y se lo hemos señalado a las autoridades actuales”.
La organización Amnistía Internacional (AI) considera que en México, sus estados y municipios no tienen la capacidad para brindar las garantías de protección a los periodistas que trabajan en la República, y señala que en muchos casos las agresiones provienen de las mismas autoridades locales.
“Por eso son los mecanismos federales de protección en donde los periodistas tienen que buscar protección”, aunque esta organización civil internacional enfatiza que no están muy seguros de que el Estado mexicano tenga las condiciones para proteger a los periodistas.
