México no tiene cómo hacer frente a la inminente crisis mundial que se avecina, según el más reciente trabajo del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM).
A partir del análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019, los investigadores revisaron el manejo presupuestal de la economía y encontraron una serie de fallas cuyas consecuencias prometen ser difíciles.
«El Gobierno mexicano no tiene dinero para manejar la economía, sólo está haciendo transferencias de un lado a otro; así como también muchos de los viejos vicios que tenían administraciones anteriores en el manejo de los recursos, se mantienen tal cual», observó el economista e investigador David Lozano Tovar.
Para Lozano, se espera que la crisis por venir sea aún más profunda que la del año 2008, que se desató tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos poco tiempo antes.
«El problema es que ahora no se sabe en qué parte podrá estallar. Hay indicadores de que existe una burbuja económica muy grande, el problema es saber dónde se ubica para también saber cómo atacarla», indicó.
En un esfuerzo por identificar el problema y avanzar hacia nuevas respuestas no convencionales «que desbordarán a los economistas» —en las palabras de Lozano—, los investigadores del CAM trabajan en una serie de informes titulados México: se avecina una crisis. Tales estudios buscan poner atención a los procesos de acumulación de capital en el país.
Los efectos de la integración norteamericana
Los investigadores parten de una puesta a punto de los efectos en las últimas cuatro décadas del proceso de integración estratégica de México a Norteamérica, que se caracterizó por:
- el desplazamiento de los inversionistas mexicanos por el poderío transnacional, principalmente estadounidense, que utilizó a la fuerza de trabajo local —que es más barata— en el territorio y cambió la cara de la «industria mexicana»;
- el uso de empresas paraestatales para abaratar sus costos;
- el uso de una red de recursos naturales de explotación actual y potencial;
- el constreñimiento del nivel de la vida de la población para soportar la distancia en los salarios, mientras se recortaron las estructuras públicas de salud, educación, vivienda y alimentación.
«Así, la ley general de acumulación capitalista en América del Norte es ‘a mayor acumulación de capital de un lado, mayor miseria y pobreza del otro'», considera el informe. Por lo tanto, «un cambio de administración en México no es necesariamente un cambio en la acumulación de capital», ya que las fallas identificadas son recurrentes en gobiernos de «distintos colores» en México.
Peña Nieto y López Obrador: ¿iguales?
Este primer informe de la serie del CAM está centrado específicamente en los ramos administrativos y los programas con los que opera el Gobierno. De acuerdo con el documento, se trata de áreas que representan el 13% del Presupuesto Federal y suman casi 40.000 millones de dólares.
A través de una plataforma de transparencia llamada Compranet, los investigadores revisaron los gastos del Gobierno en casi 1,5 millón de contratos firmados entre 2013 y 2019. Así pudieron observar que las formas actuales de adjudicación de contratos se mantienen iguales que en la gestión anterior.
Es más, si bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, la modalidad de «adjudicación directa» se utilizó en el 74% de los contratos analizados, en lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador (más conocido como AMLO) «esta modalidad es proporcionalmente más grande», afirman.
Asimismo, los investigadores encontraron que existen 200 proveedores o empresas que concentran 68,8% de las compras del Gobierno. «De esos proveedores, 150 ya habían sido privilegiados en al menos alguno de los años que gobernó Peña Nieto», explican.
¿Qué pasará con México?
«Lo que se ve ahí es que nos acercamos a un problema real de la economía, que es sistémico y global, pero no creemos que haya alternativas ahora si no se buscan soluciones no convencionales», sostuvo Lozano.
De continuar la tendencia de centralización y otorgamiento de contratos a muy pocas empresas, el derrame económico que se pretende —al invertir cerca de 8.500 millones de dólares en infraestructura y adelantar las compras de Gobierno— «no tendrá un efecto que pueda diseminarse por el conjunto de la economía mexicana», señalaron.
«Al contrario, continuará fomentando un desequilibrio y una desigualdad entre grandes empresas proveedoras del Gobierno y el conjunto enorme de pequeñas y medianas empresas que conforman la mayoría de los productores del país», concluyeron.
