Familiares de migrantes desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos siguen demandando al Estado mayor esfuerzo no sólo para localizar a sus familiares, sino para investigar los casos de manera profunda.
Claudia Interiano de la Fundación Justicia y Democracia asegura que la sociedad civil ha respondido a las necesidades de las víctimas ante la incapacidad del Estado de cuidar de sus ciudadanos e investigar los casos que ocurren en otros países.
“El hecho que exista una desaparición en territorio mexicano, eso no quiere decir que el Estado salvadoreño se olvide de sus ciudadanos. Debe haber una protección consular, por ejemplo hemos escuchado del actual Gobierno que eso se va a fortalecer, esperamos también que en materia de migrantes desaparecidos haya un apoyo a las familias”, dijo Interiano.
Omar Jaquín, secretario de búsqueda del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDES), señaló que los migrantes son solo uno de los sectores que desaparecen, pero hay otros a los que las autoridades de Gobierno también deben poner atención: “Nosotros somos desaparecidos en el exterior, allá en México o en el desierto de Estado Unidos, pero la realidad es que no somos solo nosotros, están los desaparecidos del Conflicto Armado, están los de la violencia actual… Lo que pedimos al Gobierno es que ellos se involucren en este proceso, ya que tienen la potestad de alternar con las instituciones de México como Fiscalía y Procuraduría”, señaló.
El Comité de Víctimas y la Fundación Justicia y Democracia están de acuerdo en la propuesta del fiscal general de reformar el Código Penal para incorporar como delito las desapariciones forzadas y poner hasta 45 años de prisión. Sin embargo, señalan que las reformas son solo una parte de todo el trabajo que el Estado debe hacer en este tema.
