Los Derechos laborales de algunos trabajadores públicos fueron vulnerados al ser despedidos de manera arbitraria por el actual Gobierno, señala Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Pero la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional, que manda restituir a 13 personas en sus cargos y pagarles sus salarios, abre las puertas para que más personas despedidas puedan interponer amparos.
“Sabemos que también hay más amparos en la Sala de lo Constitucional y esperaríamos que esa institucionalidad funcione, creemos que ha funcionado al menos hasta este momento; no obstante el daño queda, una actuación creo que bastante arbitraria y contraria a lo que establece la doctrina, la normativa de los derechos humanos”, enfatizó Baños.
En materia laboral, además de los despidos, se suman las acciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien a opinión de Saúl Baños, se abstuvo de ratificar el convenio 190 de la OIT que tiene que ver con la lucha contra el acoso laboral, particularmente contra mujeres en los centros de trabajo y “eso es algo que lesiona el sistema de protección del país y no ha dado mayores explicaciones”, dijo Baños.
Además ha realizado inspecciones en medios de comunicación, pero solo a ciertos medios. “Particularmente de dos medios de comunicación Gentevé y Radio Mayavisión incluso se promocionó mucho por las redes sociales del Ministerio de Trabajo. Que bien que estén tutelando los derechos de los trabajadores, pero días posteriores ocurrió una acción similar en la Prensa Gráfica en donde se despidió a trabajadores y ahí no tuvimos la misma actitud. Vemos que hay un doble estándar de medir a empresas de manera distinta”, enfatizó Baños.
En el tema del Consejo Superior de Trabajo, Baños dijo que está en discusión el nombramiento de sus miembros. “Hemos visto que ha recibido en su despacho la propuesta de un sector sindical ligado a la empresa privada. En materia laboral nos preocupan que esas cosas estén pasando”, señaló.
FESPAD también cuestionó la comunicación adoptada por el presidente. Lo peligroso para la libertad de expresión, según Baños, es que ante opiniones contrarias al presidente o su gabinete surgen troles que amenazan las voces disonantes, lo que atenta contra la democracia.
